En sentido de "derecho puro", el establecimiento de colonias israelíes en suelo palestino se considera un crimen de guerra, explicó Chanet, quien subrayó que esto no implica que la Corte Penal Internacional (CPI) vaya a decidir que tiene jurisdicción en este caso en vista de que Palestina no es un Estado reconocido.
"Transferir a su propia población a un territorio ocupado va contra el derecho a la libre determinación y si estamos ante un mapa vemos como los asentamientos rompen la continuidad de la tierra palestina", indicó Chanet en una rueda de prensa.
Unas 250 colonias judías han sido levantadas en Cisjordania y Jerusalén Este desde 1967, con o sin autorización oficial, y se calcula que hay 520.000 colonos que residen allí.
Según el informe encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la última década la población de colonos creció a un ritmo anual mucho más alto (5,3%) que la población en Israel (1,8%).
Chanet recalcó que los asentamientos "han sido establecidos y desarrollados en beneficio exclusivo de los judíos israelíes", y que su existencia reposa "en un sistema de total segregación entre los colonos y la población (palestina) local".
Consecuencias
Recordó que esos asentamientos implican que los palestinos tienen restringida su libertad de movimiento, pierden el acceso a los recursos naturales, sufren la demolición de sus viviendas y la destrucción de árboles.
Entre las especies que desaparecen están los olivos, que por generaciones han constituido la principal fuente de ingresos para muchas familias palestinas.
Todo ello ocurre con "el total conocimiento y complacencia del gobierno", dijo la presidenta de la comisión. "Las autoridades (israelíes) tienen el pleno control de la planificación de las colonias y eso es obvio para todos", agregó.
Tras defender la "independencia, imparcialidad, integridad y profesionalismo" que han inspirado el trabajo de la comisión desde el pasado julio, Chanet lamentó la total falta de cooperación de Israel con sus investigaciones.
Eso obligó a las tres juristas a realizar parte de su trabajo desdeJordania, donde pudieron entrevistarse con abogados, funcionarios, diplomáticos y, sobre todo, personas que han sufrido directamente por la construcción de los asentamientos.
Fuente: elmundo.es 31.01.2013
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