lunes, 23 de febrero de 2015

En México nadie está a salvo de la tortura.



Personas de todo México, pero en especial al norte del país, parecen caminar con temor, y no sólo al crimen organizado.
Se debe tal vez a que cualquier persona puede quedar atrapada en el mortífero conflicto que tiene lugar en el país entre las fuerzas de seguridad y grupos criminales dedicados al narcotráfico.
Organizaciones de derechos humanos, entre las que se incluye Amnistía Internacional, han recogido miles de casos de abusos contra los derechos humanos de una amplia variedad de personas corrientes, como detenciones arbitrarias y tortura.
De hecho, en opinión del grupo de derechos humanos, durante los últimos años, los casos de tortura y malos tratos en México han alcanzado “proporciones epidémicas” y los responsables rara vez comparecen ante la justicia.
“Personas de todo México se ven atrapadas en ocasiones en el lado equivocado de las operaciones militares contra los grupos criminales. Sin pruebas reales, las pueden considerar el enemigo o posibles enemigos implicados en el narcotráfico, con todos los abusos que esa etiqueta conlleva”, ha declarado Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.
Torturada y agredida sexualmenteMiriam Isaura López Vargas, ama de casa de 30 años y madre de cuatro hijos, probablemente nunca pensó que acabaría viéndose envuelta en la “guerra contra el narcotráfico” del ex presidente Calderón.
El 2 de febrero de 2011, mientras volvía a su domicilio tras dejar a sus hijos en la escuela, unos soldados vestidos de civil detuvieron a Miriam. Los hombres le vendaron los ojos y la llevaron a un cuartel militar.
En el cuartel, la torturaron sometiéndola a descargas eléctricas en las plantas de los pies y el cuerpo a fin de obligarla a firmar una confesión en la que implicaba falsamente en delitos relacionados con el narcotráfico tanto a ella como a otras personas a las que no conocía. Miriam fue además agredida sexualmente en repetidas ocasiones.
“Me pusieron un trapo húmedo sobre la cara, cuando intentaba respirar sentía el trapo húmedo, y resultaba muy difícil respirar, después sentí un chorro de agua sobre la nariz, intenté levantarme, pero no pude porque me tenían sujeta por los hombros y las piernas… Alguien me presionaba el estómago. Eso lo hicieron en repetidas ocasiones mientras me seguían preguntando lo mismo”, contó Miriam a Amnistía Internacional.
Menos de una semana después, fue trasladada a un centro de arraigo (detención administrativa sin cargos) de Ciudad de México, cuya legalidad han puesto seriamente en duda grupos de derechos humanos y Amnistía Internacional.
El 26 de abril de 2011 se presentaron finalmente cargos en su contra y se decretó su prisión preventiva por delitos relacionados con el narcotráfico.
Durante ese tiempo se le negó el acceso a un abogado de su elección y únicamente se le asignó un defensor público que no hizo que se pusiera fin a la tortura que sufría ni la denunció.
En septiembre de 2011, un juez decretó que fuese puesta en libertad a falta de pruebas fidedignas.
Desde entonces, ha estado recibiendo amenazas, pero ha decidido interponer una demanda judicial por tortura contra los responsables. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigó el caso y determinó que había sido torturada, pero en la investigación oficial no se han producido avances.
Epidemia de torturaSegún una investigación realizada por Amnistía Internacional, el uso de la tortura y los malos tratos por parte de la policía y las fuerzas armadas aumentó dramáticamente durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), al igual que la falta de investigaciones efectivas sobre los abusos.
“El gobierno de Calderón hizo efectivamente la vista gorda sobre la ‘epidemia de tortura’ de la que hemos sido testigos en México. Se hizo caso omiso de la protección de los derechos humanos, o se dejó de lado, en favor de la estrategia del gobierno de militarizar la lucha contra el crimen organizado y los cárteles de la droga”, ha manifestado Knox.
A pesar de la existencia de legislación federal y estatal concebida para evitar y castigar la tortura, la mayoría de los casos nunca se investigan en profundidad y los responsables casi nunca comparecen ante la justicia, por lo que las víctimas no tienen oportunidad de obtener reparación ni indemnización.
100 díasMientras se aproximan sus 100 días de mandato, el nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, sigue sin obtener avances por lo que respecta a los derechos humanos y a acabar con el clima de tolerancia hacia la tortura y la impunidad. Todo ello a pesar de asegurar a Amnistía Internacional durante la campaña electoral que cuando ocupase el cargo de presidente aplicaría políticas y tomaría medidas para poner fin a la tortura.
“Casi han transcurrido 100 días desde que Peña Nieto ocupara la Presidencia, y prácticamente no se han producido avances tangibles en sus promesas de mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Tampoco se han producido prácticamente avances en las investigaciones sobre casos de tortura, desapariciones forzadas, violencia contra las mujeres y abusos contra las personas migrantes”, ha señalado Knox.
“Algo crucial que pueden hacer es asegurarse de que el caso de Miriam López se investiga exhaustivamente y que todos los responsables comparecen ante la justicia. Esto se puede conseguir en los próximos 100 días si el gobierno tiene la voluntad política de que los derechos humanos sean importantes.”
Fuente: Amnistía Internacional. 22.02.2015

China invertirá US$ 250.000 millones de dólares en América Latina.

Durante mucho tiempo, especialmente después de la llegada de James Monroe a la Presidencia de EE. UU., Washington consideraba a América Latina como su “patio trasero”, y no permitía, o por lo menos lo intentaba, que otros países influyeran en la región. No obstante, desde la década de los 70, poco a poco, esa estrategia perdió fuerza y, en los últimos años, especialmente desde el 2000, que coincide con el inicio de la llegada de mandatarios izquierdistas y de ideología antimperialista, somos testigos de una reducción cada vez mayor de la presencia estadounidense.
A esta razón, podemos agregar el atentado contra las Torres Gemelas en 2001, en EE. UU., considerado como un punto inminente de cambio en la política exterior de ese país. Este acontecimiento orientó el enfoque de la política norteamericana hacia Oriente Medio y, desde entonces, América Latina pasó a ocupar un segundo lugar en las prioridades de Washington, lo que allanó el terreno para la influencia de nuevas potencias en la región, especialmente China.
En este artículo pretendemos estudiar las consecuencias de ese cambio de estrategia para EE.UU. y la influencia del gigante asiático en el continente latinoamericano, en particular, en momentos en que el precio del petróleo ha registrado una baja considerable, afectando las economías de sus países.
La primera reunión entre altas autoridades chinas y latinoamericanas se realizó durante la cumbre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), llevada a cabo en Pekín, los pasados 8 y 9 de enero. En ese evento, al que asistieron representantes de todos los países americanos, excepto EE.UU. y Canadá, participaron los presidentes de Costa Rica, Luis Guillermo Solís; de Ecuador, Rafael Correa; de Venezuela, Nicolás Maduro; y el primer ministro de Bahamas, Perry Gladstone Christie; junto a 22 cancilleres. Dado a que la Celac se fundó en 2010 para aumentar la unidad entre sus países miembros y reducir la influencia de Washington en los asuntos económicos y políticos de la región, el evento celebrado en China guardaba una importancia extrema.
De hecho, la reducción del 50 por ciento del precio del petróleo en el mercado mundial, en los últimos 7 meses, había afectado notablemente la economía de los principales productores latinoamericanos de crudo, en especial Venezuela, Ecuador y Brasil. De esa forma, por un lado, estos Estados buscaban aumentar sus exportaciones petroleras a China y, por otro, atraer inversiones.
El presidente de China, Ji Xinping, en el acto de inauguración, afirmó que su país y los miembros de la Celac llegaron a un acuerdo sobre los planes quinquenales en diferentes campos, como política, comercio, seguridad, energía, agricultura, entre otros.
Para China, la importancia de la región es tal que su mandatario anunció que tienen previsto invertir 250 mil millones de dólares en los próximos 10 años en Latinoamérica.
Ese volumen, teniendo en cuenta que la inversión extranjera directa china en América Latina, en 2011, equivalía a 22.7 mil millones de dólares, resulta muy llamativo. Además, los chinos pretenden duplicar sus intercambios comerciales con estos países y elevarlos a 500 mil millones de dólares para 2025; el volumen de intercambio entre estos, en 2013, superaba los 260 mil millones de euros.
De hecho, después de 2001, año de la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio, sus importaciones desde América Latina, de 2001 a 2013, se multiplicaron por 20. Además, mientras en EE.UU. y los países europeos, el crecimiento económico se había sido ralentizado por la crisis económica en 2008, los países latinoamericanos se convirtieron en un mercado fértil para Pekín. Entre los años 2001 y 2013, el volumen de exportaciones de China a esa región aumentó quince veces.
Los recursos energéticos y los minerales de América Latina representan una prioridad para los chinos. Pekín se considera el mayor socio comercial de Brasil, Chile y Perú y el segundo de Venezuela, Costa Rica y Cuba. Pekín importa cobre, mineral de hierro y petróleo de Chile, Brasil, Argentina y Venezuela, es decir, en cierta forma, estos lazos comerciales se profundizan de manera beneficiosa para ambas partes y reducirlos está muy lejos de la imaginación.
El Gobierno de Chile, en 2005, firmó un acuerdo de libre comercio con China y, en 2007, Pekín se convirtió en el principal destino de las exportaciones chilenas. El país suramericano suministra un tercio del cobre que necesita el gigante asiático. Además, China, en 2009, se convirtió en el mayor socio comercial de Brasil, del cual adquiere petróleo y un cuarto de sus necesidades de minerales de hierro. Argentina, también, se beneficia del mercado chino, con la exportación de más de la mitad de su producción de salvado.
Venezuela es otro país suramericano que se está beneficiando de los lazos con China. Durante la cumbre de Pekín, las autoridades chinas acordaron invertir 20 mil millones de dólares en Venezuela, a pesar de que ese país, después de la caída del precio del petróleo, no contaba con una buena situación económica. Maduro anunció que ese dinero se destinaría a los sectores de vivienda, tecnología, energía, entre otros. Desde 2007, los chinos han otorgado préstamos por más de 50 mil millones de dólares a Venezuela, y Caracas, en cambio, exporta cerca de 500 mil barriles diarios de petróleo. De hecho, el crudo, que constituye un 95 por ciento de las exportaciones de Venezuela, con la caída de su precio, afectó seriamente la economía del país, por lo que, China puede desempeñar un rol importante en la recuperación económica venezolana.
Un informe de la compañía British Petroleum pone de relieve que Pekín, con la importación de 5.6 millones de barriles de petróleo al día, se mantiene como el segundo mayor importador del mundo, así que, por un lado, pretenden profundizar sus lazos con Venezuela en el sector energético y, por otro, participar en los planes de desarrollo de los campos de yacimiento de gas y petróleo en Brasil, Ecuador y Argentina. Por esta razón, si el precio del crudo se mantiene tan bajo, en el futuro, se podría producir un drástico aumento en los lazos entre el gigantesco asiático y Latinoamérica.
No obstante, si bien existen oportunidades y gran potencial para el desarrollo de los vínculos en el sector energético, hay también desafíos que afrontar, como el alto costo del transporte del petróleo, la limitada capacidad de refinería de China, el costo de la explotación del petróleo y el gas, la situación de seguridad de algunos países latinoamericanos y la influencia de EE.UU. en la región. A esto se debe sumar la preocupación de América Latina por el dominio multilateral de China en los mercados mundiales, especialmente los suyos.
Con todo lo expuesto, y teniendo en cuenta las últimas reuniones entre las autoridades latinoamericanas y China, dos regiones que tienen las mismas directrices políticas e ideológicas, resulta evidente que la influencia de EE.UU. en su "patio trasero" es cada vez menor, y nuevas potencias como el gigantesco asiático y Rusia, sus dos rivales políticos y económicos están ocupando su lugar.
Fuente: hispantv.com 22.02.2015


 

En Chile detectan millonario fraude en el Ejército.

Un fraude por más de $ 103 millones, dos funcionarios investigados y actualmente detenidos -uno de los cuales es un alto oficial-, y facturas adulteradas por concepto de reparaciones ficticias de vehículos militares. Estas son algunas de las piezas del rompecabezas que investiga la fiscal militar Paola Jofré, en un millonario delito ocurrido al interior del Ejército.

“En el mes de abril de 2014, y como consecuencia del trabajo fiscalizador de los mecanismos de control institucionales, fueron detectadas irregularidades en el pago de facturas a terceros, por concepto de adquisición y contratación de servicios”, manifestó la institución a La Tercera. Agregó que “esta situación irregular, que involucra a dos integrantes de la institución, fue informada inmediatamente a estamentos superiores”.

La causa está radicada en la VI Fiscalía Militar y comenzó a ser pesquisada cuando un tesorero del Ejército descubrió  -y alertó- que había irregularidades en algunas facturas, hasta ese minuto, en una cantidad incierta. Esta situación ocurría en la unidad denominada Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF).
“Se hizo una denuncia del Ejército, respecto de dos funcionarios públicos que estaban cometiendo fraude en relación con unas platas de la Ley del Cobre”, explicó la fiscal militar Paola Jofré.
Se trata de un coronel (identificado con las iniciales  C. M.) y un cabo (J. C. C), quienes habrían actuado en forma coordinada. “Hasta ahora tenemos a esas dos personas, pero seguimos investigando (...). Ellos están confesos de 10 facturas, por las cuales los procesamos”, agregó Jofré.

La fiscal militar está trabajando con la Brigada de Delitos  Económicos (Bridec), de la PDI. La causa ya tiene seis tomos. Se han analizado más de mil facturas y se ha tomado declaración a cerca de 50 personas. La documentación, sin embargo, data de 2010 en adelante, por lo que no se descarta que los montos defraudados se incrementen, así como el número de involucrados. Además, la fiscal pidió levantar el secreto bancario de los implicados, para obtener registros de sus cuentas y así detectar depósitos de dinero sospechoso.

En el Ejército se indicó que, conocido el presunto ilícito, fue instruida una Investigación Sumaria Administrativa (ISA). “Uno de los implicados se encuentra en condición de retiro desde el 31 de diciembre de 2014, mientras el otro, debido a que la ISA no ha concluído, y a fin de cumplir con el debido proceso, permanece en servicio activo, pero alejado de sus funciones. Además, ambos se encuentran en prisión preventiva y sometidos a proceso en calidad de autores de delitos de defraudación fiscal cometido por funcionario público y falsedad documentaria por la VI Fiscalía Militar de Santiago”, subrayó la institución castrense.

El procesamiento de los funcionarios fue por $ 103 millones, pero la indagatoria arroja que el monto podría ser superior. También se investiga la posibilidad de que seis proveedores se hayan prestado para facilitar las  facturas falsas. En la mayoría de los casos se indicaba que correspondían a reparaciones de vehículos militares. Esta arista, por el hecho de ser entes privados, está siendo indagada por la justicia civil. La causa la tiene la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Centro Norte.

En la institución, en tanto, se indicó que “el Ejército expresa su más enérgico rechazo a esta situación y a todo tipo de acción que vulnere el ordenamiento legal y la reglamentación vigente, al tiempo que contravenga los valores institucionales”.

Debido a este caso, el Ejército revisó sus procesos internos y adoptó una serie de medidas, como la creación del Departamento de Control y Fiscalización, radicado justamente en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF); la modificación del proceso de adquisiciones y la realización de una auditoria al proceso de adquisiciones, por parte de la Contraloría de la institución.

“Una vez finalizada la investigación interna (ISA), -se añadió- no solo se adoptarán las medidas disciplinarias y administrativas correspondientes contra quienes resulten responsables, sino que se mantendrá un permanente apoyo a la investigación y al Consejo de Defensa del Estado, que se ha hecho parte en la causa”.
Fuente: www.tercera.com 23.02.2015

lunes, 2 de febrero de 2015

Chile condena a 78 agentes de la policía secreta del dictador Pinochet por Operación Colombo.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en contra de 78 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el secuestro calificado de Miguel Acuña Castillo, detenido desaparecido desde el 8 de julio de 1974 y una de las víctimas del denominada "Operación Colombo".

El magistrados estableció que:  "En horas de la noche del día 08 de julio de 1974, Miguel Angel Acuña Castillo, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en las cercanías de su domicilio ubicado en pasaje Talca N° 2033 de la comuna de Macul, por agentes de estado pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) quienes lo introdujeron en la parte posterior de una camioneta y lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado "Yucatán" o "Londres 38", ubicado en dicha dirección en la ciudad de Santiago, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA. Que el ofendido Acuña Castillo durante su estada en el cuartel de Londres 38, permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a los integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización;
Que la última vez que la víctima Acuña Castillo fue visto con vida, ocurrió un día no determinado del mes de julio o agosto de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha;
Que el nombre de Miguel Ángel Acuña Castillo, apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista Novo O' Día de Curitiba, Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que Miguel Ángel Acuña Castillo, había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros;
Que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Acuña Castillo tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior.".


Por este hecho el magistrado condenó a los  ex integrantes de la DINA que se detallan a las penas siguientes:


 A 13  Años de Presidio Mayor en su grado medio, como autores del delito


1- Manuel Contreras Sepúlveda.
2- César Manríquez Bravo.
3- Pedro Espinoza Bravo.
4- Marcelo Luis Moren Brito.
 5- Miguel Krassnoff Martchenko y
 6- Raúl Eduardo Iturriaga Neumann
 A 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autores del delito


7- Gerardo Ernesto Urrich González.
8- Gerardo Ernesto Godoy García.
9- Ricardo Víctor Lawrence Mires.
10- Ciro Ernesto Torré Sáez.
11- Sergio Hernán Castillo González.
12- Manuel Andrés Carevic Cubillos.
13- José Nelson Fuentealba Saldías.
14- Basclay Humberto Zapata Reyes.
15- José Enrique Fuentes Torres.
16- José Mario Friz Esparza.
17- Julio José Hoyos Zegarra.
18- Nelson Alberto Paz Bustamante.
19- Claudio Orlando Orellana de la Pinta.
20- Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar.
21- Gustavo Galvarino Caruman Soto.
22- Hiro Álvarez Vega.
23- José Alfonso  Ojeda Obando.
24- Luis Salvador Villarroel Gutiérrez.
25-Olegario Enrique González Moreno.
26- Orlando Jesús Torrejón Gatica.
27- Rudeslindo Urrutia Jorquera.
28- Alfredo Orlando Moya Tejeda.
29- Carlos Alfonso Sáez Sanhueza.
30- Fernando Enrique Guerra Guajardo.
31- Hernán Patricio Valenzuela Salas.
32-  Hugo Rubén Delgado Carrasco.
33- Juan Alfredo Villanueva Alvear.
34- Juan Evaristo Duarte Gallegos.
35- Lautaro Eugenio Díaz Espinoza.
36- Leónides Emiliano Méndez Moreno.
37-   Pedro Ariel Araneda Araneda.
38-  Rafael De Jesús Riveros Frost.
39-  Víctor Manuel Molina Astete.
40-  Manuel Rivas Díaz.
41-  Hugo del Tránsito Hernández Valle.
42- Juan  Ángel Urbina Cáceres.
43-  Risiere del Prado Altez España.
44- Hermon Helec Alfaro Mundaca y
45-  Raúl Juan Rodriguez Ponte 

A 4  años de Presidio menor en su grado máximo, como cómplices del delito


46- Luis Eduardo Mora Cerda.
47-  José  Jaime Mora Diocares.
48. Camilo Torres Negrier.
49- Carlos Justo Bermúdez Méndez.
50- Claudio Enrique Pacheco Fernández.
51- Fernando Adrián Roa Montaña.
52- Gerardo Meza Acuña.
53- Héctor Raúl Valdebenito Araya.
54- Jaime Humberto Paris Ramos.
55-  Jorge Laureano Sagardia Monje.
56- José Dorohi Hormazabal Rodríguez.
57- José Manuel Sarmiento Sotelo.
58- José Stalin Muñoz Leal.
59- Juvenal Alfonso Piña Garrido.
60- Luis René Torres Méndez.
61- Manuel Antonio Montre Méndez.
62-  Máximo Ramón Aliaga Soto.
63- Moisés Paulino Campos Figueroa.
64- Nelson Aquiles Ortiz Vignolo.
65-  Nelson Eduardo Iturriaga Cortes.
66- Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo.
67- Reinaldo Alfonso Concha Orellana.
68-  Sergio Hernán Castro Andrade.
69- Víctor Manuel de la Cruz San Martin Jiménez.
70- Gustavo Humberto Apablaza Meneses.
71-  Héctor Carlos Díaz Cabezas.
72.- Jorge Antonio Lepileo Barrios.
73-  Oscar Belarmino La Flor Flores.
74-  Rufino Espinoza Espinoza.
75-  Roberto Hernán Rodríguez Manquel.
76- Víctor Manuel Álvarez Droguett.
77-  Héctor Manuel Lira Aravena y
78-  Sergio Iván Díaz Lara.


ABSUELTOS:


79- Rodolfo Concha Rodriguez
80-Armando Cofre Correa.

Respecto de Víctor Manuel De la Cruz San Martín Jiménez,  por haber caído en demencia,  se suspende el cumplimiento de la pena, debiendo en su oportunidad ser entregado bajo fianza de custodia a un familiar que deberá  proponer su defensa dentro de quinto día de ejecutoriada esta sentencia.
Fuente: Poder Judicial Chile 02.02.2015