Uno de los 10 hombres ejecutados en Irán el lunes por la mañana era un empleado de una tienda condenado por un delito relacionado con las drogas. Las ejecuciones tuvieron lugar pese a los llamamientos de Amnistía Internacional, expertos en derechos humanos de la ONU y otras personas y entidades a la autoridades del país para que no se llevaran a cabo.
Saeed Sedeghi fue autorizado a mantener una “última reunión” con su madre en la prisión de Evin el domingo, cuando las autoridades judiciales anunciaron que su condena a muerte se ejecutaría a primera hora del lunes.
“Saeed Sedeghi y los otros nueve hombres ejecutados hoy son las últimas víctimas de una cadena de ejecuciones en la que está inmerso el Estado iraní y que ya se ha cobrado la vida de más de 360 personas este año, en su mayoría condenadas por delitos de drogas. Estas ejecuciones infligen un sufrimiento innecesario a las familias y son erróneas, inútiles y una afrenta a los derechos humanos”, ha declarado Ann Harrison, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
La familia de Sedeghi informó a Amnistía Internacional de que les devolvieron el cuerpo con rapidez tras la ejecución.
Al parecer, el 13 de octubre Sedeghi recibió un aplazamiento de la ejecución, pero no se informó a su familia de su paradero hasta el 21 de octubre, cuando se comunicó a su madre la inminente ejecución y fue citada en la prisión de Evin para una última visita.
Según la familia, Sedeghi había perdido mucho peso y le habían prohibido llamar a otros familiares cercanos para despedirse de ellos antes de la ejecución.
La familia de Sedeghi declaró a Amnistía Internacional que éste había dicho que tras el aplazamiento de la ejecución le habían sometido a torturas en prisión, incluido un simulacro de ejecución. También dijo que durante su estancia en la prisión de Evin le habían ordenado que confesara su culpabilidad delante de una cámara, pero que se había negado a hacerlo.
“Los informes según los cuales Saeed Sedeghi fue sometido a un simulacro de ejecución antes de su muerte suscitan honda preocupación y deben ser investigados de forma rápida e imparcial, y cualquier persona hallada responsable de abusos debe responder de ellos ante la justicia”, afirmó Harrison.
Tras la ejecución de Sedeghi, las autoridades advirtieron a sus familiares de que no hablaran con los medios de comunicación y les impidieron celebrar un funeral público tras el entierro.
El 11 de octubre, el hermano de Saeed, Majid Sedeghi, fue detenido tras conceder entrevistas a la BBC en persa y a la Voz de América sobre la situación de su hermano. Recluido en la prisión de Evin, fue puesto en libertad bajo fianza cuatro días después.
Aunque las fuerzas de seguridad iraníes tienen derecho a perseguir a personas por delitos relacionados con la producción o el suministro de drogas ilegales, los delitos relacionados con las drogas no cumplen el requisito de ser “delitos de la máxima gravedad” a los que, según el derecho internacional, debe limitarse la pena de muerte.
Se cree que en lo que va de año, Irán —el segundo país del mundo, detrás de China, en número de ejecuciones anuales— ha ejecutado al menos a 368 personas, incluidas 136 ejecuciones que no se anunciaron formalmente.
No hay datos claros de que la pena de muerte tenga un efecto apreciable para disuadir de la comisión de delitos relacionados con las drogas. Las normas internacionales de derechos humanos establecen que la pena capital nunca debe ser preceptiva.
“Seguimos instando a las autoridades iraníes a que conmuten la pena de muerte a todas las personas condenadas en espera de ejecución, y a que eliminen la pena capital de la legislación como posible pena para delitos relacionados con las drogas”, concluyó Harrison.
Fuente: amnestyinternational.org
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