El juicio que se celebrará esta semana sobre la responsabilidad de la policía en una matanza ocurrida hace 20 años en una cárcel de Brasil debe ser el principio del fin de un largo legado de impunidad, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Según la organización de derechos humanos, el hecho de que las autoridades de Brasil no hayan llevado ante la justicia a los responsables de los homicidios de Carandiru ha reforzado los abusos que desde hace largo tiempo caracterizan el sistema de detención de Brasil.
Más de 20 años después de que la policía estatal de São Paulo reprimiera un motín carcelario en la prisión de Carandiru en una operación que se saldó con la muerte de 111 reclusos, 26 agentes y mandos policiales que presuntamente tomaron parte en la letal operación deberán comparecer en cuatro juicios, el primero de los cuales se inicia hoy tras el aplazamiento de la semana pasada.
“Este juicio debe marcar un punto de inflexión”, ha dicho Atila Roque, director de la Oficina de Amnistía Internacional en Brasil. “Durante años, el retraso en poner a disposición judicial a los responsables de la matanza de Carandiru ha sido una nube negra sobre todo el país. Esperamos que ahora esta impunidad por fin esté llegando a su fin".
Según Amnistía Internacional, no sólo los agentes que cometieron físicamente los crímenes, sino también los jefes de la seguridad pública del estado de São Paulo y el que por entonces fuera gobernador de dicho estado deben comparecer ante la justicia.
Los juicios se han retrasado debido a varios factores, el principal de ellos el conflicto entre la jurisdicción militar y civil sobre el caso.
“En Carandiru sin duda se hizo un uso excesivo de la fuerza, y hay indicios claros que apoyan la sospecha de que la policía llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales”, ha dicho Roque.
“Sea por negligencia o por connivencia, el sistema judicial ha ignorado –se podría decir que hasta ha despreciado totalmente– cualquier idea de justicia, así como los derechos de las personas a las que se arrebató la vida de forma brutal y descarada en Carandiru”.
El proceso judicial contra el coronel Ubiratan Guimarães, oficial al mando de la unidad de policía enviada a restaurar el orden en Carandiru, es el ejemplo más destacado del desprecio de las autoridades brasileñas por las graves violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en la cárcel.
En julio de 2001, Guimarães fue condenado a más de 600 años de cárcel por un tribunal de São Paulo. Sin embargo, en febrero de 2006 el Tribunal Supremo del estado anuló la condena y falló que Guimarães había actuado en estricto cumplimiento de sus obligación y siguiendo órdenes de sus superiores.
“La matanza de Carandiru guarda relación con dos problemas sistémicos que inundan de forma persistente el sistema de detención de Brasil: por un lado, la tortura y las condiciones crueles, inhumadas y degradantes, generalizadas en los centros de detención de todo el país, y por otro, la renuencia de las autoridades a abordar estos problemas, bien mediante reformas eficaces o bien investigando y juzgando a quienes cometen abusos”, ha dicho Roque.
Según la Oficina de Amnistía Internacional en Brasil, estos problemas se han agravado en los veinte años transcurridos desde la matanza, durante los cuales la población penitenciaria de Brasil ha pasado de 114.377 personas en 1992 a 514.582 en 2011, según cifras del Ministerio de Justicia.
Información general
El 2 de octubre de 1992 estalló un motín en la Casa de Detenção de São Paulo, conocida popularmente como Carandiru. Los presos se enfrentaron entre sí y tomaron el control del Pabellón 9 de la cárcel. Unidades antidisturbios de la policía militar irrumpieron en la prisión para sofocar el motín. Cuando se retiraron, 11 horas después, había 111 presos muertos.
A las 24 horas de la matanza, una delegación de Amnistía Internacional entró en el centro de detención y halló numerosos indicios de graves violaciones de derechos humanos perpetradas por la Tropa de Choque (policía antidisturbios) de São Paulo.
En su exhaustivo informe, titulado “Ha llegado la muerte” La matanza de la Casa de Detenção de São Paulo, en el que documenta las secuelas de la operación de la policía militar, la organización afirma: [...] “…se vio claramente que aquello había sido una matanza a sangre fría de presos indefensos [...] A los presos heridos los remataban a tiros, y también mataban a los que habían usado para sacar los cuerpos de las celdas. [...] Aunque estaban presentes tres jueces, incluido el juez responsable de prisiones, no hicieron ningún esfuerzo por impedirlo.”
Este informe se citó entero como prueba en el juicio del coronel Guimarães y puede consultarse en http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR19/008/1993/en
Un total de 79 agentes de policía implicados en la matanza serán juzgados en cuatro juicios distintos este año. En cada uno se examinará la actuación de la policía en una de las cuatro plantas del Pabellón 9 de la cárcel de Carandiru.
Hasta ahora, la inmensa mayoría de las personas acusadas de ser responsables de la matanza de Carandiru jamás habían comparecido ante la justicia. La mayoría permanecieron en la policía hasta jubilarse, y un tercio de ellas siguen en el servicio activo.
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