La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a favor de una inmigrante de nacionalidad colombiana que se encontraba detenida en un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) de esa ciudad.
Se trata de Jennifer Suley Candelo Riascos, quien estuvo detenida desde el 20 de enero y hasta el 14 de marzo pasado en un cuartel policial a la espera de su expulsión del país y en precarias condiciones de reclusión.
El fallo, dictado por los ministros Samuel Muñoz, Marcelo Urzúa y Rodrigo Olavarría, determinó que la detención de la mujer fue arbitraria por exceder el plazo de 24 horas que habilita la ley en este tipo de casos, además de vulnerar los derechos fundamentales y básicos de la afectada.
"Dicha arbitrariedad dimana además de la imposibilidad real y efectiva que la Sra. Jenifer Suley Candelo Riascos estuviera en situación de ejercer efectivamente los derechos que los referidos cuerpos legales le reconocen, aun de haber sido estos puesto en su conocimiento", reza el fallo.
Asimismo, agrega que la "Fiscalía ante las particularidades del caso, pudo adoptar algún procedimiento en resguardo de los derechos de la persona detenida, situación que no ocurrió y que devela una vez más la precariedad de los procedimientos en que se ve especialmente comprometida la libertad de las personas y amagados sus derechos".
Sobre las circunstancias del encierro, el tribunal sostiene que "si bien no se ha podido determinar con certeza que ellas fueran atentatorias de la dignidad humana, lo cierto es que el recinto donde permaneció detenida la amparada, conforme pudo constatar esta Corte, no es apto para detenciones de larga estadía desde que no cuenta con las condiciones básicas que permitan el desarrollo normal y cotidiano de la vida, en prisión, considerando además que en casos de privación de libertad el único derecho afectado es la libertad".
Es por eso que, en vista de estos antecedentes, el tribunal de alzada concluyó que la detención sufrida por Candelo "fue ilegal, arbitraria y contraria a todo juicio de racionalidad, a la vez que desmedida y desproporcionada en atención a sus fundamentos, lo que importa una flagrante vulneración de sus derechos, pues se conculcó su libertad personal al margen de todo sustento jurídico y de legitimo procedimiento".
Asimismo, se ordenó oficiar al Ministerio del Interior y al director de la PDI para que se indague eventuales responsabilidades administrativas para que se establezcan protocolos para evitar estos hechos en vista de que "no parece ser un hecho aislado", luego que el 9 de marzo pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un amparo similar presentado a favor de 17 inmigrantes detenidos en el cuartel Borgoño de la PDI de Santiago.
Fuente : emol. com 18.03.2013
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