Dentro de las pesquisas, ya se han incautado computadores del Ministerio de Vivienda y ayer el fiscal José Morales interrogó al subsecretario de la cartera, Andrés Iacobelli. Revisa a continuación las principales claves de la controversia en que está implicado el Ministerio de Vivienda.
El Consorcio de Construcciones Kodama Ltda. se adjudicó en noviembre de 2006 la construcción del corredor del Transantiago en Av. Pedro Aguirre Cerda, por un monto de cerca de $25.500 millones.
Este monto creció más tarde debido a una serie de cambios en el proyecto, que no estaban contemplados, llegando a más de $31 mil millones.
La empresa debía terminar los trabajos en 2007, pero tuvo que modificar los planos originales, según ellos hubo 130 modificaciones al proyecto, lo que habría generado los sobrecostos que fueron aprobados por el Serviu. Finalmente, la obra fue terminada en mayo de 2010, 899 días más de lo que establecían los plazos iniciales.
En julio de 2010 la Contraloría falló en contra de un pago adicional de $7 mil millones a Kodama, por considerar que no se ajustaba a derecho. La resolución hace referencia a un colector de aguas lluvia en el sector de Lo Errázuriz, que fue encargado a Kodama en forma adicional a la construcción del corredor del Transantiago en febrero de 2010.
La Contraloría estimó que no correspondía el pago, ya que la construcción del colector debió ejecutarse mediante una licitación independiente, y además señala que no debía pedirse una indemnización por el total de la obra, sino que por cada tramo. Para ese tramo específico, se fijó un pago de $95 millones.
En este fallo se basa el senador del MAS, Alejandro Navarro, quien señala que no se debió negociar nada más con la empresa.
Kodama calculó que los sobrecostos por la construcción del corredor del Transantiago ascendían a $41 mil millones adicionales, los que debían ser cancelados por el Serviu. En diciembre de 2010, realiza una primera demanda por el pago de esa cifra. Sin embargo, antes del vencimiento del plazo fijado por el 10° Juzgado Civil de Santiago para un comparendo de avenimiento, la ministra Magdalena Matte toma conocimiento del Decreto Exento N° 8.
Ese decreto había sido visado por el asesor jurídico de la ministra, Alvaro Baeza. Tras la firma de Matte, se sella el acuerdo por el cual Kodama desiste de toda acción legal por el pago de $17 mil millones.
La demanda por $41 mil millones interpuesta por Kodama, se sustentaba en un estudio encargado y pagado por la misma empresa, del Dictuc de la Universidad Católica. Por esto, en el ministerio se consideró que llegar a un acuerdo que cubría el 40% del total era beneficioso.
El 25 de enero se registró la transacción en una notaría entre un representante de Kodama y el director del Serviu, Antonio Llompart.
Al volver de vacaciones, el subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli toma conocimiento del decreto firmado por la ministra Matte. Entonces, analiza los antecedentes y cuestiona el sustento para cancelar los $17 mil millones. Se lo hace ver a Matte, quien decide paralizar la tramitación del decreto.
Entonces, la ministra decide ordenar un estudio anexo al Idiem de la Universidad de Chile, y se ordena un sumario interno dentro de la cartera. Además, se reunió con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Sergio Urrejola. Según indicó la ministra el sumario no alcanzó a determinar responsabilidades porque los antecedentes fueron solicitados por la Contraloría.
En marzo de este año el senador del MAS, Alejandro Navarro presentó los antecedentes a la Contraloría, pidiendo una investigación del caso, aludiendo a una falta de probidad dentro del Ministerio.
Por su parte, la ministra Magdalena Matte envió el pasado 8 de abril los antecedentes al Ministerio Público. La fiscalía Centro Norte está a cargo de la investigación del caso. Dentro de las diligencias, el martes 12, el fiscal José Morales ordenó la incautación de los computadores pertenecientes al director del Serviu Metropolitano, Antonio Llompart.
Según dijo la misma ministra, también se requisaron los computadores de Mirna Jugovic, jefa de la División Jurídica del Ministerio; Guillermo Rolando, subsecretario subrogante, y Alvaro Baeza, ex asesor jurídico de la ministra.
La fiscalía interrogó por cerca de dos horas al subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, siendo la primera autoridad en ser llamada por el fiscal Morales, tras la incautación de los computadores.
Por su parte, el abogado Alvaro Baeza, que se desempeñó como asesor jurídico del ministerio ya que había trabajado antes con Matte en empresas personales de la ministra, presentó su renuncia hace unos días a raíz del caso, la que fue aceptada por Matte.
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