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martes, 10 de abril de 2012

Chile condena a violadores de derechos humanos

Así lo dictaminó el ministro en visita Joaquín Billard, quien condenó  a cinco ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), por los secuestros calificados de los hermanos Peña Solari, uno de los cuales, Nilda, estaba embarazada al momento de la desaparición.
Los ex agentes Raúl Iturriaga Neumann y Risere Altex España fueron condenados a 10 años y un día de presidio sin beneficios, mientras que Manuel Carevic Cubillos y Hugo Hernández fueron condenados a 6 años, también sin beneficios. El ex agente Manuel Rivas Díaz, en tanto, fue condenado a tres años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional.
Según lo establecido por el juez, "Mario Peña Solari, en su calidad de militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue detenido el día 9 de diciembre de 1974, presumiblemente en la vía pública, por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, donde al día siguiente se presentaron en su domicilio, con el objetivo de allanarlo, un grupo de sujetos que se identificaron como funcionarios del Ministerio de Defensa, quienes procedieron en ese acto a detener a su hermana, Nilda Peña Solari, señalando al resto de las personas presentes, que sería sólo para formularle un corto interrogatorio".
En el documento aparece estipulado que los hermanos fueron vistos, por última vez, en "el denominado 'Venda Sexy', ubicado en las intersecciones de las calles Irán con Los Plátanos. Hasta la fecha, los hermanos Peña Solari se encuentran desaparecidos".
El magistrado dictó, además, la condena por los homicidios calificados de Enzo Muñoz Arévalo, Héctor Sobarzo Núñez, Juan Varas Silva y Ana Delgado Tapia, que tuvieron lugar el 2 de julio de 1984, en Santiago.
En relación a estos casos, Billard dictó sentencia en contra de los ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Alvaro Corbalán Castilla, por 15 años de presidio sin beneficios, por los homicidios de Varas y Delgado.
Por el mismo caso, fueron condenados a seis años los ex agentes Hernán Vásquez Villegas y Reimer Kohlitz Fell.
Por último, Jorge Hernández Espinoza y Juan Rubilar Ottone, fueron condenados a 3 años y un día de presidio por los homicidios de Muñoz y Sobarzo, con beneficio a libertad vigilada, mientras que Pedro Guzmán Olivares fue absuelto de los cargos.
Fuente: tercera.com

Condenan a criminal de guerra del Congo

 El veredicto de culpabilidad de la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del líder rebelde Thomas Lubanga Dyilo por reclutar y utilizar a niños soldado en enfrentamientos es un primer paso en la impartición de justicia para las decenas de miles de niños que han sido obligados a luchar en los conflictos de la República Democrática del Congo (RDC) y en otros lugares, Human Rights Watch señaló hoy. La sentencia enfatiza la necesidad de detener urgentemente a Bosco Ntaganda, quien fue acusado junto con Lubanga y es actualmente general del Ejército de la RDC en Goma, al este del país, y sigue evadiendo la justicia.
 
"El veredicto en contra de Lubanga es una victoria para los miles de niños obligados a combatir en las guerras brutales de la RDC", dijo Géraldine Mattioli-Zeltner, directora promoción de justicia internacional de Human Rights Watch. "Los comandantes militares de la RDC y otros países deberían tomar nota del mensaje de gran alcance de la CPI: la utilización de niños como arma de guerra es un crimen grave que puede llevarlos al banquillo de los acusados".
 
Los jueces de la CPI encontraron a Lubanga culpable "más allá de toda duda razonable" de los crímenes de guerra de reclutamiento, alistamiento y utilización activa de niños menores de 15 años de edad en las hostilidades del distrito de Ituri en 2002 y 2003. Lubanga fue el líder de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC), un grupo rebelde implicado en muchos abusos graves de derechos humanos, entre los que se encuentran masacres étnicas, torturas, violaciones y reclutamiento masivo de niños, algunos de tan sólo siete años. Las autoridades congoleñas transfirieron a Lubanga a la CPI en marzo de 2006. Su juicio comenzó en enero de 2009.

Afganistán mantiene a mujeres como ciudadanos de segunda clase.

Es sorprendente que, diez años después del derrocamiento de los talibanes, sigan habiendo mujeres y niñas encarceladas por huir de la violencia doméstica o el matrimonio forzado”, señaló Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “No se debe encerrar a nadie por huir de una situación peligrosa, incluso cuando ocurra en su hogar. El presidente Karzai y los aliados de Afganistán deben actuar con decisión para poner fin a esta práctica abusiva y discriminatoria”.

La caída del Gobierno talibán en 2001 prometió una nueva era para los derechos de la mujer. Se han producido avances significativos en materia de educación, mortalidad materna, empleo y el papel de la mujer en la vida pública y la gestión de gobierno. Sin embargo, el encarcelamiento de mujeres y niñas por “crímenes contra la moral” es sólo una muestra del difícil presente y el preocupante futuro para las mujeres y las niñas afganas, mientras la comunidad internacional procede a disminuir considerablemente sus compromisos en Afganistán.

Human Rights Watch entrevistó a muchas niñas que habían sido detenidas después de huir de un matrimonio forzado y a mujeres que habían huido de esposos y familiares abusivos. Algunas de las mujeres entrevistadas por Human Rights Watch habían acudido a la policía con una necesidad desesperada de ayuda, y en cambio fueron detenidas.

“Huir”, o escaparse de casa sin permiso, no es un delito contemplado por el código penal afgano, pero la Corte Suprema de Afganistán ha ordenado a los jueces que traten como delincuentes a las mujeres y las niñas que huyen. La zina es un crimen en virtud de las leyes afganas, que puede castigarse con hasta 15 años de prisión.

Las mujeres y las niñas entrevistadas por Human Rights Watch describieron abusos como matrimonios forzados y de menores, palizas, apuñalamientos, quemaduras, violaciones, prostitución forzada, secuestros y amenazas de asesinato. Prácticamente ninguno de los casos ha conllevado una investigación del abuso, mucho menos un enjuiciamiento o un castigo.

Una mujer, Parwana S. (no su nombre real), de 19 años, contó a Human Rights Watch cómo la condenaron por “escaparse” después de huir de un esposo y una suegra que la golpeaban: “Voy a intentar independizarme y divorciarme de él. Odio la palabra ‘esposo’. Tengo el hígado totalmente negro por culpa de mi esposo… Si hubiera sabido sobre la prisión y todo lo demás [que me iba a pasar] me habría tirado al río y cometido suicidio”.

Human Rights Watch dijo que las mujeres y las niñas acusadas de “crímenes contra la moral” se enfrentan a un sistema de justicia que va en su contra en todos los niveles. La policía las detiene simplemente en respuesta a una denuncia de un esposo o familiar. Los fiscales ignoran las pruebas que sostienen las afirmaciones de inocencia de las mujeres. Los jueces suelen imponer condenas basadas exclusivamente en “confesiones” obtenidas sin la presencia de abogados y “firmadas” sin haberlas leído a mujeres que no pueden leer ni escribir. Después de la condena, las mujeres se enfrentan habitualmente a largas penas de prisión, en algunos casos de más de 10 años. La Ley de 2009 sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Afganistán dispone que la violencia contra la mujer es un delito penal. Sin embargo, los mismos policías, fiscales y jueces que se afanan en encerrar a las mujeres acusadas de “crímenes contra la moral”, ignoran con frecuencia las pruebas del abuso contra las mujeres acusadas, señaló Human Rights Watch.

“Los tribunales envían a las mujeres a la cárcel por delitos dudosos, mientras que los verdaderos criminales –sus abusadores– quedan en libertad”, dijo Roth. “Incluso los abusos más horribles sufridos por las mujeres no parecen provocar más que un encogimiento de hombros por parte de los fiscales, a pesar de que las leyes que criminalizan la violencia contra la mujer”.

El enjuiciamiento abusivo de “crímenes contra la moral” afecta a muchas más que las alrededor de 400 mujeres y niñas encarceladas o en prisión preventiva, dijo Human Rights Watch. Cada vez que una mujer o una niña huye de un matrimonio forzado o la violencia doméstica y no logra más que terminar entre rejas, se envía un claro mensaje a otras que sufren el abuso de que pedir ayuda al Gobierno resultaría probablemente en su castigo, no su salvación.

La terrible situación de las mujeres que sufren violencia doméstica se ve agravada por las leyes arcaicas sobre el divorcio, que permiten que un hombre se pueda declarar simplemente divorciado, mientras que se dificulta extremadamente que un mujer obtenga un divorcio, señaló Human Rights Watch. El Gobierno afgano se comprometió a reformar estas leyes en 2007, en el marco de su Plan de Acción Nacional para la Mujer en Afganistán, y un comité de expertos redactó una nueva ley de la familia para mejorar los derechos de la mujer. Sin embargo, esta nueva ley lleva paralizada en el Gobierno desde 2010, sin ninguna muestra de avance en su aprobación.

“Hace mucho tiempo que Afganistán tendría que haber cumplido sus promesas de reformar las leyes que hacen que las mujeres afganas sean ciudadanas de segunda clase”, señaló Roth. “Las leyes que obligan a las mujeres a soportar el abuso mediante la denegación de su derecho al divorcio no sólo son anticuadas, sino también crueles”.

Con el mantenimiento de la vigencia de leyes discriminatorias, y la falta de atención a las violaciones del debido proceso y el juicio justo en los casos de “crímenes contra la moral”, Afganistán viola sus obligaciones conforme al derecho internacional de derechos humanos. Los órganos de expertos y los relatores especiales de las Naciones Unidas han pedido la anulación de las leyes sobre “crímenes morales” de Afganistán. La Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer ha instado a Afganistán a “abolir las leyes, como las relacionadas con la zina, que discriminan a las mujeres y las niñas y acarrean su encarcelamiento y una pena cruel, inhumana y degradante”. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha instado a Afganistán a “eliminar los delitos denominados contra la moral y poner en libertad a los niños detenidos por este motivo”.

“El Gobierno afgano y sus socios internacionales deben intervenir urgentemente para proteger los derechos de la mujer y garantizar que no haya retrocesos”, dijo Roth. “El presidente Karzai, Estados Unidos y otros deben hacer valer finalmente las valientes promesas que hicieron a las mujeres afganas hace una década, poner fin al encarcelamiento por ‘crímenes contra la moral’ y cumplir realmente su compromiso declarado de promover los derechos de la mujer”.
 

Siria ejecuta a prisioneros de guerra

En los casos documentados por Human Rights Watch, al menos 85 víctimas eran residentes sirios que no tomaron parte en los combates, entre ellos mujeres y niños. El informe describe en detalle varios casos de ejecuciones masivas de civiles, como el asesinato el 11 de marzo de al menos 13 hombres en la mezquita de Bilal en Idlib, la ejecución el 3 de marzo de al menos 25 hombres durante una operación de búsqueda y detención en el barrio Sultaniya de Homs, y el asesinato el 11 y el 12 de marzo de al menos 47 personas, principalmente mujeres y niños, en los barrios de Homs de `Adwiyya, Karm al-Zaytoun, y Refa` i
En estos casos las fuerzas de seguridad sirias, que operaban solas o junto con milicias progubernamentales conocidas como Shabeeha, capturaron y ejecutaron a personas que trataban de escapar cuando el ejército tomó control de sus pueblos, asesinaron a tiros o a puñaladas a personas en sus hogares mientras las fuerzas de seguridad entraban a las ciudades capturadas, o ejecutaron a residentes detenidos mientras realizaban registros domiciliarios. 
Por ejemplo, Louai, un residente que se quedó en el barrio Baba Amr de Homs después de que el ejército tomara control del mismo, describió la ejecución de su hermano y cuatro de sus vecinos el 2 de marzo. Louai, quien nos pidió que no utilizáramos su nombre verdadero por temor a represalias, dijo que primero miembros del ejército entraron a la casa de sus vecinos, sacaron arrastrando a los cuatro hombres que encontraban dentro, y los mataron a cuchilladas en frente de sus familias. Los soldados llegaron a la casa de Louai y, cuando él y su hermano levantaron las manos, les dispararon a los dos, hiriendo a Louai y matando a su hermano. 
Human Rights Watch también documentó las ejecuciones de al menos 16 combatientes de la oposición, contra quienes las fuerzas de seguridad sirias dispararon a quemarropa después de que estos fueron capturados o resultaron heridos y ya no se encontraban en combate. Los casos causaron preocupaciones de que el Ejército pudiera haber adoptado una política, oficial o extraoficial, de no tomar prisioneros. 
Un combatiente de la oposición de Kafr Rouma en la gobernación de Idlib describió a Human Rights Watch la ejecución de combatientes de su unidad a inicios de marzo: 
Uno de los combatientes resultó herido en la pierna derecha por el fuego de una ametralladora. Estaba tendido en la calle y no pudimos rescatarlo ya que el ejército estaba disparando y atacando nuestra posición. Luego se acercó un tanque, unos 15 soldados con uniformes militares rodearon a nuestro compañero y comenzaron a insultarlo y darle patadas. Nos gritaban que teníamos que rendirnos o lo iban a matar. Luego le pusieron un paño negro alrededor de sus ojos, lo esposaron, y uno de ellos le disparó con un [rifle de asalto]. Cuando se fueron, lo enterramos en el cementerio de la aldea.

La legislación internacional de derechos humanos prohíbe de manera inequívoca las ejecuciones sumarias y extrajudiciales. En situaciones de conflicto armado en donde se aplica el derecho internacional humanitario, los combatientes son blancos legítimos si están tomando parte en las hostilidades. Pero matar deliberadamente a heridos, a personas que se han rendido, o a soldados capturados constituiría un crimen de guerra.

miércoles, 28 de marzo de 2012

Arabia saudita aplica la pena de muerte por brujería y hechicería.

En 2011, Arabia Saudí aplicaba la pena de muerte para una amplia diversidad de delitos, que iban desde el asesinato, la violación, el robo o el secuestro hasta la brujería y los delitos de drogas. El 19 de septiembre, un ciudadano sudanés, Abdul Hamid bin Hussain bin Moustafa al Fakki, fue decapitado en Medina tras ser declarado culpable de cargos de “brujería”, y el 12 de diciembre se ejecutó a una mujer condenada por “hechicería y brujería”. En 2011 se presentó el proyecto de una nueva ley antiterrorista, la Ley Penal de Delitos de Terrorismo y Financiación del Terrorismo. Contenía 27 casos en los que podía aplicarse la pena de muerte, con lo que, en caso de adoptarse, el ámbito de aplicación de la pena capital se ampliaría aún más. El proyecto de ley sólo contiene definiciones vagas de los delitos correspondientes, pero no incluye ninguna disposición que prohíba la imposición de la pena de muerte a menores o a enfermos mentales, ni salvaguardias adecuadas para garantizar la celebración de juicios justos.34

Fuente Amnistía Internacional

Irán es el único país del mundo que ejecuta menores de edad.

En 2011, como en 2010, Irán fue el único país del mundo que seguía ejecutando a menores: personas que eran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito. Estas ejecuciones están terminantemente prohibidas por el derecho internacional. Amnistía Internacional sigue recibiendo noticias de este tipo de ejecuciones, pese a que las autoridades iraníes afirman que ya no se llevan a cabo.28 La mayoría de los menores ejecutados en Irán habían sido condenados por asesinato, aunque también se han dictado condenas a muerte contra menores declarados culpables de presuntos delitos de drogas. Según datos oficiales, dos menores fueron ejecutados en el puerto meridional de Bandar Abbas en abril. Un tercero, Ali Reza Molla Soltani, fue ahorcado públicamente el 21 de septiembre en la plaza de Golshahr, en Karaj, cerca de Teherán, donde había apuñalado a un hombre, aunque afirmaba que en defensa propia. Las autoridades iraníes alegaban que ya había cumplido los 18 años según “el calendario islámico, más corto”. Además Amnistía Internacional recibió informes de otras cuatro posibles ejecuciones de menores.

En noviembre, el Tribunal Supremo de Irán aprobó la pena de muerte contra Shayan Omidi y contra un adulto por asesinato y robo. Según los informes, Shayan Omidi no tenía más que 16 años cuando cometió el delito en octubre de 2010. Al final de 2011, Amnistía Internacional había recopilado una lista, iniciada en 2008, que contenía 145 nombres de menores condenados a muerte en Irán, aunque ha resultado difícil hacer un seguimiento de la suerte corrida por cada uno de ellos.

Fuente: Amnistía internacional

miércoles, 21 de marzo de 2012

Corea del Norte fusila a militares por no respetar luto del Gran Líder


El nuevo líder norcoreano, Kim Jong Un habría mandado fusilar a dos militares de alto rango que, supuestamente, se habrían saltado el periodo de luto decretado tras la muerte de Kim Jong Il.
Una medida que se interpreta como un gesto del joven dirigente de Corea del Norte destinado a consolidar su poder al frente del país más aislado del planeta.
Kim Jong Un habría ordenado el pasado mes de enero la eliminación de todo aquel que fuera sorprendido transgrediendo el duelo en homenaje a su padre, Kim Jong Il, muerto en diciembre del 2011.
Y según fuentes gubernamentales de Seúl, citadas por el rotativo Chosun Ilbo, el "Brillante líder", como el régimen ha designado al hijo de Kim Jong Il, habría ordenado ya dos fusilamientos.
"Tenemos información de que un asistente del jefe del Departamento de Estado Mayor fue detenido y fusilado bajo la acusación de acoso sexual durante el período de luto", señalaron dichas fuentes.
El Departamento de Estado Mayor recibe órdenes directamente de Kim Jong-un, en tiempo de guerra y tiene bajo sus ordenes a todo el ejército norcoreano.
Según el Chosun Ilbo, un funcionario gubernamental surcoreano subrayó "que yo sepa, un asistente del jefe del Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares también fue puesto al frente de un pelotón de fusilamiento a principios de este año por estar borracho durante el período de luto".
Las cribas en el régimen norcoreano no son nuevas y se interpretan como una señal de reafirmación por parte del máximo líder. Una fórmula que Kim Jong Un habría adoptado siguiendo el ejemplo de su padre. Kim Jong Il también llevó a cabo una cruel purga tras la muerte de su padre, Kim Il Sung, el fundador de Corea del Norte.
"Es muy posible que ahora Kim Jong Un esté haciendo lo mismo que hizo su padre", ha declarado Kim Sung Min, un ex capitán del ejército norcoreano, en Radio Corea del Norte Libre.

Guatemala condena severamente a violadores de derechos humanos

Un tribunal penal de Guatemala condenó este martes a 7.710 años de cárcel a cada uno de los cinco paramilitares que, en julio de 1982, asesinaron cruelmente a 256 indígenas de la etnia achí.La matanza de Plan de Sánchez, una de las más paradigmáticas de la guerra civil vivida en Guatemala entre 1960 y 1996, ocurrió durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt.
La juez Jazmín Barrios condenó a cada uno de ellos a 30 años de cárcel inconmutables por cada asesinato, a los que sumó otros 30 años por delitos de lesa humanidad. En la sentencia se aclara que los paramilitares sólo cumplirán 50 años, la pena máxima contemplada en el Código Penal del país. En la sentencia, la presidenta del tribunal consideró que había quedado demostrada la participación de los acusados en la matanza.
Los sentenciados, miembros de las tenebrosas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC, voluntarios utilizados por el Ejército para las tareas sucias), negaron todo el tiempo su participación en el hecho, aunque uno de ellos, Lucas Tecú, comentó que sólo cumplieron órdenes. “No sé por qué no investigan al resto de la compañía, porque nosotros sólo cumplimos órdenes”, dijo Tecú al matutino Nuestro Diario.
Durante el juicio, uno de los sobrevivientes, Manuel Jerónimo, entonces un niño, dijo que logró ocultarse tras unos árboles donde vio cómo los militares entraron en las viviendas y tomaron como prisioneros a todos los residentes de la aldea. Posteriormente separaron a las mujeres jóvenes, a quienes violaron, torturaron, ejecutaron y sepultaron sus cuerpos en fosas comunes.
Otro testigo, Salvador Jerónimo, señaló que encerraron a los aldeanos en sus ranchos de paja, a los que rociaron de gasolina y prendieron fuego. “Se oían gritos desesperados, hasta que todo quedó en silencio”, relató entre lágrimas.
Los condenados fueron identificados como Eusebio Grace, Julián y Mario Acoj, Santos Rosales y Lucas Tecú. Además de las penas de prisión, el Tribunal ordenó a los ministerios de Educación y de Cultura elaborar documentales pedagógicos para honrar la memoria de las víctimas.
La masacre del Plan de Sánchez es una de las más de 600 ocurridas durante la guerra civil, documentadas por una Comisión de la Verdad de Naciones Unidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en abril de 2004 al Estado de Guatemala por este caso y le ordenó investigar y perseguir penalmente a los responsables.
Hace una semana, la justicia guatemalteca condenó a 6.060 años de prisión al exmilitar Pedro Pimentel por su participación en otra masacre, la perpetrada también en 1982 en la comunidad rural de Las Dos Erres, en el departamento norteño del Petén, en la que murieron 201 campesinos. La matanza tuvo lugar durante el régimen del general golpista José Efraín Ríos Montt, que tiene abierto un proceso judicial por genocidio y está desde enero en arresto domiciliario.
Fuente: elpais.com

lunes, 19 de marzo de 2012

La Justicia de la Ley.

"Si las leyes deniegan la voluntad de Justicia de modo conciente, entonces el pueblo no les debe obediencia alguna, entonces deben también los juristas encontrar valor suficiente para negarles carácter jurídico" (Gustav Redbruch, Jurista alemán, filósofo del Derecho, 1945).

miércoles, 7 de marzo de 2012

Guantánamo:La vergüenza de EE.UU.

Estados Unidos, una vez más, sigue blindándose frente al mundo y desatendiendo los requerimientos de Naciones Unidas en lo que se refiere a sus asuntos internos. El relator especial de la ONU sobre Tortura, Tratos Degradantes y Crueles, el argentino Juan Méndez, explicó hoy que sigue esperando la respuesta para que le permitan visitar y entrevistar a los reos encarcelados en el centro de detención de Guantánamo.
"Hace un año, el departamento de Defensa me invitó a visitar Guantánamo, pero advirtiéndome que sólo podría visitar unas áreas de la cárcel y otras no, y que no podría hablar con los reos que quisiese. Ante estas circunstancias, no puedo aceptar porque no cumpliría con los términos de mi mandato", señaló Méndez en rueda de prensa. Añade que en la carta que le enviaron no explican el porqué de estos condicionamientos, "sólo que el trato que me brindarían sería el mismo que a cualquier otra persona que visite el centro, a excepción de los abogados de los reos"
Fuente: noticias.com

martes, 28 de febrero de 2012

Siria ha dado muerte a 500 niños.




Unos 500 niños perdieron la vida en el marco de la violencia que se vive en Siria, informó hoy la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en Ginebra, revisando al alza la estimación previa de 400. Sólo en enero murieron 80 niños, según Pillay, que citó informaciones sin especificar la fuente.

Mientras, se espera que el Consejo de la ONU para los Derechos Humanos adopte hoy una resolución de condena al régimen durante una sesión de emergencia, informaron fuentes diplomáticas. El texto se refiere a ejecuciones arbitrarias y asesinatos de manifestantes, torturas y violencia sexual y llama al régimen a cesar los ataques contra civiles y permitir el trabajo de organizaciones humanitarias. "Si la sesión de hoy pretende lograr la asistencia humanitaria, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no es el foro adecuado", señaló sin embargo el embajador sirio en el organismo, Faysal Khabbaz Hamoui. 



Fuente:vanguardia.com

lunes, 27 de febrero de 2012

En Siria el presidente da clases de caradura.

La dictadura siria se ha autoproclamado victoriosa de su intento por legitimar el régimen a través del referéndum celebrado el domingo. Según el Gobierno, el 89,4% de los votantes apoyó la nueva Constitución y dio así vía libre a Bashar Asad paraaferrarse al poder al menos hasta las elecciones de 2014. Tras los comicios, el presidente podrá gobernar un máximo de dos mandatos de siete años cada uno, es decir, hasta 2028.
El Ministerio del Interior divulgó este lunes los resultados de la consulta convocada por el régimen para buscar respaldo a su proceso de reformas, casi un año después del estallido de la revuelta contra Asad. De los cerca de 14,5 millones de personas con derecho a voto, el 57,4% participó en el plebiscito.
Un total de 7.490.319 personas votó a favor de las enmiendas constitucionales, lo que representa el 89,4% de los sufragios, mientras que, en el lado contrario, el 'no' recibió apenas 753.208 votos (9%). Además, se contabilizaron 132.920 votos inválidos, lo que supone el 1,6% de los emitidos.
Para la ONU, el plebiscito resulta poco creíble en un contexto de violaciones de derechos humanos. Eduardo del Buey, portavoz del organismo internacional, reconoció este lunes que las reformas "pueden ser parte de una solución política" pero advirtió de que la votación sólo debería celebrarse "en condiciones libres de violencia e intimidación".
Fuente: elmundo.es

Pinochet era un niño de pecho al lado de Franco.

Los tres últimos testigos del juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón reclamaron este martes que la justicia actúe contra los crímenes del franquismo, después de que representantes de la Memoria Histórica hayan relatado estos días algunos de los más dramáticos episodios que tuvieron que vivir a raíz de las sacas y traslados de sus progenitores, a los que nunca volvieron a ver. “La consigna era que de los rojos no quedase ni rastro y había que hacerlos desaparecer. Era la muerte física además de la desaparición jurídica”. Así lo ha explicado el último testigo en comparecer, Antonio Ontañón Toca, presidente de la asociación Héroes de la República, de Cantabria.
Este testigo, autor del libro Rescatados del olvido, en el que ha plasmado una investigación de 30 años, afirmó que a todas las víctimas se les trató como “desconocidos”. “En aplicación de la consigna de que de los rojos no quedase ni rastro, lo que se hacía en la tapia oeste del cementerio de Ciriego era la ejecución y simultáneamente la desaparición. Los ejecutados, a continuación, eran desaparecidos”, relató Ontañón ante los magistrados del Supremo.
“Una vez celebrados los consejos sumarísimos urgentes y dictadas las condenas”, siguió el testigo, “la fecha de la ejecución se personaba en la prisión el jefe del piquete a las seis de la mañana —las ejecuciones eran a las siete— y el director le entregaba el número de presos a ejecutar. La media de ejecuciones era en torno a los 13 a 16, precisamente la cabida de cada camión, aunque hubo días de 42 ejecuciones”.
“Desde agosto de 1937, el capellán castrense del cementerio de Ciriego, que era también el encargado del registro general, seguía la consigna de que había que desaparecerlos. Al final de cada mes, consignaba el número de ejecutados y la fosa a la que eran arrojados. Las fosas eran zanjas comunes, se cavaban para cada 100 ejecutados. A los cadáveres se les acaldaba, se les echaban paletadas de cal viva y se les distribuía capa a capa, como a los arenques, para que hubiera cabida suficiente. Así hasta que se cubría a unos cien por zanja”, prosiguió Ontañón.
En el salón de plenos se había hecho un silencio impresionante mientras el testigo desgranaba pausadamente sus averiguaciones: “Como mínimo hay 12 zanjas con 100 cadáveres en cada una. A todos ellos se les desconocía. No hay constancia escrita de los nombres de los ejecutados, porque lo previsto era ejecutarlos y desaparecerlos”, terminó Ontañón.
Fuente: elpais.com

miércoles, 8 de febrero de 2012

8 mil mujeres al día sufren mutilación genital en el mundo.

A diario, ocho mil mujeres son víctimas de la ablación genital en el mundo, mutilaciones que conllevan graves riesgos para la salud y que se practican durante la infancia.

Las cifras fueron elaboradas por organizaciones no gubernamentales, que con motivo de la celebración del Día Mundial Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, que se celebra este domingo, pusieron de manifiesto la violación de sus derechos fundamentales.

La ablación del clítoris comprende procedimientos quirúrgicos que consisten en la extirpación total o parcial de los genitales externos u otras intervenciones practicadas en los órganos genitales femeninos por motivos culturales o no terapéuticos.

Según estima Unicef, la cantidad de mujeres y niñas que fueron sometidas a la ablación en Africa llegó a 70 millones.

En los últimos años esta práctica aumentó en Europa, Australia, Canadá y Estados Unidos, a consecuencia de los inmigrantes procedentes de Africa y Asia.

En Europa hay 180.000 mujeres en riesgo de ser mutiladas, según los datos de Red Activas, una plataforma formada por 12 ONGs

La práctica se realiza habitualmente cuando las niñas tienen entre 4 y 14 años, aunque hay países como Mali y Eritrea donde se hace incluso a niñas menores de un año.

La ablación se practica como forma de mitigar la sexualidad femenina y también porque se cree que los genitales son sucios y antiestéticos.

domingo, 5 de febrero de 2012

Cadena perpetua para criminal del Jmer Rojo en Cambodia.

Kaing Guek Eav, director del principal centro de detención y tortura del régimen de terror de los jemeres rojos de Pol Pot (1975-1979), ha sido condenado hoy a cadena perpetua, después de que el tribunal supremo respaldado por la ONU que le ha juzgado haya rechazado su apelación y haya elevado la pena de 19 años que le fue impuesta en julio de 2010. Los jueces afirman que han extendido la condena a prisión de por vida por el carácter “espeluznante y horrible” de los crímenes cometidos contra el pueblo de Camboya.
El tribunal, reunido en Phnom Penh, ha dictaminado que Kaing Guek Eav –alias Duch-, de 69 años, debe asumir toda la responsabilidad por la muerte de unas 14.000 personas que fueron torturadas en la cárcel de Tuol Sleng –también conocida como S21– antes de ser enviadas a los llamados ‘campos de la muerte’ en las afueras de la capital camboyana, donde fueron ejecutadas. Las torturas utilizadas en la antigua escuela –en muchos casos, en presencia del propio Duch, y a veces con su participación- incluyeron, entre otros, violaciones, descargas eléctricas y arrancar las uñas con tenazas.
Duch entrenó, ordenó y supervisó a sus empleados para que llevaran a cabo “torturas y ejecuciones de prisioneros de forma sistemática” y mostró “entrega para refinar las operaciones en S-21, que era la fábrica de la muerte”, ha señalado el tribunal.
“La pena debe ser dura para evitar crímenes similares, sin ninguna duda entre los peores de la historia de la Humanidad”, ha dicho Kong Srim, presidente del tribunal, al leer la sentencia, informa Reuters. Duch ha escuchado la sentencia de pie y no ha mostrado ninguna emoción cuando el juez ha recitado la lista de barbaridades que cometió. Según los fiscales, podría solicitar un perdón tras haber cumplido 20 años de cárcel; es decir, dentro de unos siete años.
Duch fue encontrado culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en julio de 2010 y fue condenado a 35 años, pero la pena fue conmutada inmediatamente a 19 años por el tiempo ya pasado en prisión y por su detención ilegal en una cárcel militar antes de que fuera establecido el tribunal de la ONU en 2005. La decisión causó furor entre las familias de las víctimas. La sentencia fue apelada tanto por los fiscales, que solicitaron una más dura, y por el condenado, que argumentó que el tribunal no tenía jurisdicción para juzgarle porque él no era un alto dirigente del régimen ultramaoísta de los jemeres rojos y solo cumplía órdenes.
Entre 1,7 millones y 2,2 millones de personas –un cuarto de la población– murieron en Camboya de hambre, extenuación en el trabajo, enfermedades y ejecuciones durante el reinado de terror de Pol Pot.
Fuente: el pais.com

martes, 24 de enero de 2012

Criminal de guerra de EE.UU sancionado con pena ridícula.

La matanza de 24 civiles iraquíes en 2005 no es, para el Pentágono, un homicidio. Con esa argucia, los fiscales militares de Estados Unidos permitieron este lunes que el sargento del Marine Corps Frank Wuterich, de 31 años, se declarara culpable por negligencia en el deber por aquellas muertes, sin arriesgarse a una mayor condena que la de tres meses de encarcelamiento, rebaja de la paga y degradación al rango de soldado raso. Acaba así, sin más castigo, uno de los mayores abusos por parte de las tropas norteamericanas sobre la población civil iraquí.
El 19 de marzo de 2005, un destacamento del Tercer Batallón del Primer Regimiento de Marines se dirigía hacia la localidad de Haditha, donde tenía la misión de servir de apoyo en la protección de una presa. Un grupo de insurgentes colocó una bomba en el asfalto, que explotó al paso de un vehículo acorazado Humvee. El conductor, el soldado de primera clase Miguel Terrazas, murió en el acto. Quedaron heridos de gravedad los soldados James Crossan y Salvador Guzman.
Queda ahora demostrado, dada la asunción de culpabilidad del sargento Wuterich, que éste entró en ira al presenciar el ataque y dio órdenes de matar a los iraquíes. “El sargento Wuterich aceptó su responsabilidad”, dijo el teniente coronel Joe Koppel, portavoz del cuerpo de Marines. “Ha admitido que dio la orden verbal de disparar primero y hacer las preguntas después, o de no titubear a la hora de disparar... Esas instrucciones verbales causaron que sus Marines no hicieran las identificaciones positivas necesarias en las residencias”.
Wuterich, tras el ataque insurgente, ordenó a sus hombres que sacaran de un vehículo a un taxista y a cuatro adolescentes y los ajusticiaran en plena calle. Luego, los marines abrieron fuego con sus rifles y lanzaron granadas contra unas residencias adjuntas, en las que aniquilaron a otros 19 civiles. Entre las víctimas había 10 mujeres y niños. A muchos de ellos los mataron con disparos en la cabeza.
Inmediatamente, y según ha quedado patente en las investigaciones, los marines implicados trataron de encubrir sus acciones alegando que un grupo de insurgentes había abierto fuego contra ellos. Un comunicado de prensa enviado desde Camp Blue Diamond en Ramadi, aseguraba:
Un soldado del Marine Corps de EE UU y 15 civiles perdieron la vida ayer por la explosión de una bomba en una carretera en Haditha. Inmediatamente después de la explosión, hombres armados atacaron el convoy con armas de fuego. Soldados del ejército iraquí y los marines respondieron a los disparos, matando a ocho insurgentes e hiriendo a otro.
Aquel recuento de hechos resultó ser falso. A los médicos que recibieron los cuerpos de los civiles muertos, los marines les dijeron que habían muerto por la metralla de la explosicón del vehículo Humvee. El alcalde de Haditha fue a protestar en persona al puesto del Marines Corps cercano a la presa que estaba defendiendo. El activista local Thaer Thabet al-Hadithi grabó imágenes de los cadáveres, que demostraban que muchos habían muerto por ejecuciones sumarias. Aquello propició diversas investigaciones periodísticas, entre ellas la que destapó el caso, a cargo de la revista Time.
Finalmente, de los ocho hombres investigados, siete quedaron exonerados, muchos de ellos a cambio de testificar en el propio juicio. El sargento Wuterich se declaró inocente de homicidio cuando comenzó su consejo de guerra, en enero. Finalmente accedió a autoinculparse el lunes cuando se rebajaron los cargos en su contra. Según dijo el abogado civil de Wuterich, Neal Puckett:
“Nadie niega que las consecuencias del 19 de noviembre de 2005 fueron trágicas, y menos que nadie el sargento Frank Wuterich... Pero la realidad de los hechos es que él ha sido ahora exonerado de los cargos por homicidio presentados contra él por el gobierno y los medios. Durante seis años, ha visto cómo su nombre se arrastraba por el barro. Hoy, esperamos, comienza su redención”.
Precisamente los actos de Wuterich y los demás hombres, que ahora muchos críticos consideran que han quedado impunes, fueron uno de los motivos por los que el gobierno de Irak se negó a otorgar inmunidad a los soldados norteamericanos que pudieran quedar en aquel país tras el final de la guerra. En un principio, Barack Obama había intentado que entre  3.000 y 5.000 soldados quedaran en Irak tras el repliegue de diciembre. Finalmente, el presidente ordenó un repliegue total y absoluto.
Fuente: elpais.com

domingo, 15 de enero de 2012

Myanmar amnistía a 650 presos políticos.

Myanmar ha liberado este viernes a muchos de sus principales presos políticos, en un nuevo paso hacia el proceso de reconciliación nacional iniciado tras las elecciones generales de noviembre de 2010, que fueron ganadas por una agrupación política respaldada por los militares y condujeron a la inauguración el pasado marzo del primer gobierno civil del país en casi medio siglo.
La amnistía, que afecta a 651 personas, es la segunda que otorgan las autoridades de la antigua Birmania en cuatro meses, tras la llevada a cabo el 12 de octubre, que supuso la liberación de alrededor de 230 presos. Estados Unidos y Europa habían dicho que la puesta en libertad de los disidentes políticos es una de las condiciones imprescindibles para el levantamiento de las sanciones que fueron impuestas en su día a la Junta de los generales. Tras conocerse la liberación, la Administración de Barack Obama decidió iniciar el proceso para intercambiar embajadores entre EE UU y Myanmar.
Entre los beneficiados hoy por el perdón, se encuentran Sai Nyunt Lwin, de 60 años, un prominente político de la minoría étnica shan que fue sentenciado a 85 años y ha pasado siete encerrado, y miembros del movimiento Estudiantes de la Generación 88, que lideraron las protestas contra la dictadura militar en 1988, en las cuales murieron miles de personas. Entre estos, está Min Ko Naing, un dirigente legendario, condenado a 65 años de prisión, que ha pasado la mayor parte del tiempo desde entonces encarcelado. También han recobrado la libertad monjes budistas detenidos tras la llamada Revolución Azafrán –en referencia al color de las túnicas– de 2007, como Shin Gambira.
Fuente: elpais.com

miércoles, 23 de noviembre de 2011

La ONU condena a la dictadura de Siria.

La Asamblea General de la ONU condenó hoy la represión del Gobierno de Siria contra la población civil y pidió el fin inmediato de la violencia que ya ha causado más de 3.500 muertos desde marzo pasado.
La Asamblea aprobó así una resolución de condena a Siria con el voto favorable de 122 países, mientras que se registraron 41 abstenciones y 13 votos en contra, como los de Irán, Ecuador Venezuela, Cuba, Nicaragua, Birmania o Corea del Norte, entre otros.

Turquía se disculpa por el genocidio del pueblo kurdo en 1930 - 1939

El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió disculpas este miércoles por la muerte de miles de personas, como consecuencia de operaciones militares turcas, agresiones y fusilamientos contra una rebelión kurda en los años 1930 en el este del país.
“Si es necesario disculparse en nombre del Estado, pediré disculpas. Estoy pidiendo disculpas”, dijo Erdogan durante un discurso que pronunció ante miembros de su partido AKP.
Citando un documento oficial de aquella época, dijo que 13.806 personas habían muerto entre 1936 y 1939, como consecuencia de bombardeos aéreos y terrestres, agresiones y fusilamientos en la provincia de Dersim (que luego pasó a llamarse Tunceli), poblada por kurdos alevíes, una confesión musulmana cercana al chiismo.
Según distintas fuentes, estas masacres dejaron varias decenas de miles de muertos.
Fuente: biobio.cl

viernes, 11 de noviembre de 2011

EE.UU condena a criminal de guerra.

El soldado estadounidense Calvin Gibbs acusado por el brutal asesinato de tres civiles desarmados en Afganistán en 2010 fue condenado hoy a cadena perpetua, según informó la cadena de noticias CNN.

Gibbs, considerado el líder de un grupo de cinco soldados, fue hallado culpable de la masacre perpetrada por puro instinto asesino, según la acusación. Los civiles afganos fueron asesinados con fusiles y granadas, y después se les cercenaron los dedos para conservarlos como "trofeo".

Hasta la fecha ya ha pasado 547 días en prisión, que se le contabilizarán como parte de la pena. Gibbs, el militar de mayor rango del grupo conocido como "Kill Team" en los medios estadounidenses, tuvo que responder por sus actos ante un tribunal militar en la base militar de Lews-McChord en el estado federado de Washington.

El jurado lo declaró culpable tras cuatro horas de deliberaciones. Los asesinatos tuvieron lugar entre enero y mayo de 2010 en la provincia afgana de Kandahar, donde el joven de 26 años, operaba junto a los demás inculpados como soldado de infantería.

En el juicio, el efectivo militar sostuvo haber matado sólo a uno de los afganos en defensa propia. Después reconoció sin embargo haber cortado los dedos a los cadáveres, para "regalárselos" a otros soldados o para "intimidar" a compañeros con los que no tenía buenas relaciones. El condenado es el único miembro del grupo que se sometió a un proceso militar. Otros tres se declararon culpables a cambio de beneficios penales, dos de ellos testificaron también contra Gibbs. El juicio contra el quinto inculpado está pendiente.
Fuente: tercera.com