En 2011, Arabia Saudí aplicaba la pena de muerte para una amplia diversidad de delitos, que iban desde el asesinato, la violación, el robo o el secuestro hasta la brujería y los delitos de drogas. El 19 de septiembre, un ciudadano sudanés, Abdul Hamid bin Hussain bin Moustafa al Fakki, fue decapitado en Medina tras ser declarado culpable de cargos de “brujería”, y el 12 de diciembre se ejecutó a una mujer condenada por “hechicería y brujería”. En 2011 se presentó el proyecto de una nueva ley antiterrorista, la Ley Penal de Delitos de Terrorismo y Financiación del Terrorismo. Contenía 27 casos en los que podía aplicarse la pena de muerte, con lo que, en caso de adoptarse, el ámbito de aplicación de la pena capital se ampliaría aún más. El proyecto de ley sólo contiene definiciones vagas de los delitos correspondientes, pero no incluye ninguna disposición que prohíba la imposición de la pena de muerte a menores o a enfermos mentales, ni salvaguardias adecuadas para garantizar la celebración de juicios justos.34
Fuente Amnistía Internacional
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