Es sorprendente que, diez años después del derrocamiento de los talibanes, sigan habiendo mujeres y niñas encarceladas por huir de la violencia doméstica o el matrimonio forzado”, señaló Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “No se debe encerrar a nadie por huir de una situación peligrosa, incluso cuando ocurra en su hogar. El presidente Karzai y los aliados de Afganistán deben actuar con decisión para poner fin a esta práctica abusiva y discriminatoria”.
La caída del Gobierno talibán en 2001 prometió una nueva era para los derechos de la mujer. Se han producido avances significativos en materia de educación, mortalidad materna, empleo y el papel de la mujer en la vida pública y la gestión de gobierno. Sin embargo, el encarcelamiento de mujeres y niñas por “crímenes contra la moral” es sólo una muestra del difícil presente y el preocupante futuro para las mujeres y las niñas afganas, mientras la comunidad internacional procede a disminuir considerablemente sus compromisos en Afganistán.
Human Rights Watch entrevistó a muchas niñas que habían sido detenidas después de huir de un matrimonio forzado y a mujeres que habían huido de esposos y familiares abusivos. Algunas de las mujeres entrevistadas por Human Rights Watch habían acudido a la policía con una necesidad desesperada de ayuda, y en cambio fueron detenidas.
“Huir”, o escaparse de casa sin permiso, no es un delito contemplado por el código penal afgano, pero la Corte Suprema de Afganistán ha ordenado a los jueces que traten como delincuentes a las mujeres y las niñas que huyen. La zina es un crimen en virtud de las leyes afganas, que puede castigarse con hasta 15 años de prisión.
Las mujeres y las niñas entrevistadas por Human Rights Watch describieron abusos como matrimonios forzados y de menores, palizas, apuñalamientos, quemaduras, violaciones, prostitución forzada, secuestros y amenazas de asesinato. Prácticamente ninguno de los casos ha conllevado una investigación del abuso, mucho menos un enjuiciamiento o un castigo.
Una mujer, Parwana S. (no su nombre real), de 19 años, contó a Human Rights Watch cómo la condenaron por “escaparse” después de huir de un esposo y una suegra que la golpeaban: “Voy a intentar independizarme y divorciarme de él. Odio la palabra ‘esposo’. Tengo el hígado totalmente negro por culpa de mi esposo… Si hubiera sabido sobre la prisión y todo lo demás [que me iba a pasar] me habría tirado al río y cometido suicidio”.
Human Rights Watch dijo que las mujeres y las niñas acusadas de “crímenes contra la moral” se enfrentan a un sistema de justicia que va en su contra en todos los niveles. La policía las detiene simplemente en respuesta a una denuncia de un esposo o familiar. Los fiscales ignoran las pruebas que sostienen las afirmaciones de inocencia de las mujeres. Los jueces suelen imponer condenas basadas exclusivamente en “confesiones” obtenidas sin la presencia de abogados y “firmadas” sin haberlas leído a mujeres que no pueden leer ni escribir. Después de la condena, las mujeres se enfrentan habitualmente a largas penas de prisión, en algunos casos de más de 10 años. La Ley de 2009 sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Afganistán dispone que la violencia contra la mujer es un delito penal. Sin embargo, los mismos policías, fiscales y jueces que se afanan en encerrar a las mujeres acusadas de “crímenes contra la moral”, ignoran con frecuencia las pruebas del abuso contra las mujeres acusadas, señaló Human Rights Watch.
“Los tribunales envían a las mujeres a la cárcel por delitos dudosos, mientras que los verdaderos criminales –sus abusadores– quedan en libertad”, dijo Roth. “Incluso los abusos más horribles sufridos por las mujeres no parecen provocar más que un encogimiento de hombros por parte de los fiscales, a pesar de que las leyes que criminalizan la violencia contra la mujer”.
El enjuiciamiento abusivo de “crímenes contra la moral” afecta a muchas más que las alrededor de 400 mujeres y niñas encarceladas o en prisión preventiva, dijo Human Rights Watch. Cada vez que una mujer o una niña huye de un matrimonio forzado o la violencia doméstica y no logra más que terminar entre rejas, se envía un claro mensaje a otras que sufren el abuso de que pedir ayuda al Gobierno resultaría probablemente en su castigo, no su salvación.
La terrible situación de las mujeres que sufren violencia doméstica se ve agravada por las leyes arcaicas sobre el divorcio, que permiten que un hombre se pueda declarar simplemente divorciado, mientras que se dificulta extremadamente que un mujer obtenga un divorcio, señaló Human Rights Watch. El Gobierno afgano se comprometió a reformar estas leyes en 2007, en el marco de su Plan de Acción Nacional para la Mujer en Afganistán, y un comité de expertos redactó una nueva ley de la familia para mejorar los derechos de la mujer. Sin embargo, esta nueva ley lleva paralizada en el Gobierno desde 2010, sin ninguna muestra de avance en su aprobación.
“Hace mucho tiempo que Afganistán tendría que haber cumplido sus promesas de reformar las leyes que hacen que las mujeres afganas sean ciudadanas de segunda clase”, señaló Roth. “Las leyes que obligan a las mujeres a soportar el abuso mediante la denegación de su derecho al divorcio no sólo son anticuadas, sino también crueles”.
Con el mantenimiento de la vigencia de leyes discriminatorias, y la falta de atención a las violaciones del debido proceso y el juicio justo en los casos de “crímenes contra la moral”, Afganistán viola sus obligaciones conforme al derecho internacional de derechos humanos. Los órganos de expertos y los relatores especiales de las Naciones Unidas han pedido la anulación de las leyes sobre “crímenes morales” de Afganistán. La Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer ha instado a Afganistán a “abolir las leyes, como las relacionadas con la zina, que discriminan a las mujeres y las niñas y acarrean su encarcelamiento y una pena cruel, inhumana y degradante”. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha instado a Afganistán a “eliminar los delitos denominados contra la moral y poner en libertad a los niños detenidos por este motivo”.
“El Gobierno afgano y sus socios internacionales deben intervenir urgentemente para proteger los derechos de la mujer y garantizar que no haya retrocesos”, dijo Roth. “El presidente Karzai, Estados Unidos y otros deben hacer valer finalmente las valientes promesas que hicieron a las mujeres afganas hace una década, poner fin al encarcelamiento por ‘crímenes contra la moral’ y cumplir realmente su compromiso declarado de promover los derechos de la mujer”.
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