Prometen pagar impuestos, denunciar abusos laborales, revelar las redes de sobornos policiales y comportarse con respeto y profesionalismo, para ser asimiladas como una fuerza laboral generadora de divisas: las prostitutas de 15 países de América Latina y el Caribe exigen que su trabajo sea legalizado. El compromiso es parte de una campaña lanzada en Panamá por la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), una organización no gubernamental que nació en 1997 en Costa Rica, tiene su sede en Buenos Aires (Argentina), e impulsa la proclama de que “las trabajadoras sexuales no somos parte del problema, somos parte de la solución”.
“Queremos tener los mismos derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras de nuestra región”, explica la argentina Elena Reynaga, presidenta de RedTraSex. “Queremos reconocimiento del trabajo sexual de mujeres mayores de edad y que estamos en este trabajo por consentimiento propio”, insiste, en una conferencia de prensa en la capital panameña. La dirigente argentina cuestiona que no se discrimine entre las trabajadoras del sexo por decisión propia y las que caen en redes de trata y son obligadas a prostituirse.
Reynaga explica que, en nombre de las prostitutas de América Latina y del Caribe, la Red solicitará a la Organización de Estados Americanos (OEA) que en su próxima Asamblea General, que se celebrará del 3 al 5 de junio en Bolivia, emita una resolución en la que determine que la prostitución es un trabajo legal. No obstante, la presidenta de RedTraSex advierte que “a mucha gente no le conviene” que la prostitución sea legalizada, ya que “es un tremendo negocio” para intermediarios, policías y autoridades judiciales corruptas que ganan grandes cantidades de dinero, explicó, con los sobornos exigidos a las mujeres para no apresarlas o liberarlas.
El objetivo, subraya, es que las trabajadoras del sexo demuestren que están dispuestas a pagar impuestos y que los ingresos que generen a los Estados americanos sean invertidos en políticas de desarrollo social, para combatir los escenarios de pobreza que obligan a prostituirse a gran número de latinoamericanas.
“Hay abusos de los policías”, asegura el nicaragüense Marcos Carmona, director ejecutivo de la independiente Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. Carmona señala a EL PAÍS que “los policías arrestan a estas trabajadoras del sexo y les piden que les paguen en especie”.
La Comisión ha recibido “denuncias de mujeres que dicen que se les está negando el derecho al trabajo, independientemente del trabajo que ellas han decidido ejercer. Dicen que la policía les limita ese derecho de ejercer, ya que son capturadas y llevadas a las estaciones policiales, donde pagan con favores sexuales para poder salir de prisión”, afirma Carmona.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha advertido que las cadenas continentales de prostitución son controladas por mafias del crimen organizado internacional que logran multiplicar sus ganancias tras invertir millones de dólares en el tráfico de seres humanos. Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá forman uno de los más grandes e importantes mercados mundiales de prostitución, según la ONUDD.
La investigadora costarricense Rocío Rodríguez, directora de Alianza por Tus Derechos, organización no gubernamental con sede en San José que indaga el fenómeno de la trata, confirma que la mayoría de clientes que surten los mercados centroamericanos de la prostitución proviene de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia y paga fuertes sumas de dinero por servicios sexuales.
Rodríguez alerta que aunque las prostitutas “deberían tener todos los derechos, como todos los trabajadores, el problema [de legalizar su trabajo] es que se abrirían muchos portillos, como el aumento indiscriminado de la trata de personas”. “Si ahora los reclutadores hacen hasta lo imposible por tener a las víctimas de trata, con esto de los derechos las conseguirían igual, les darían seguridad social, pero seguirían siendo víctimas”, advierte.
Fuente: el pais.com
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