EN LAS últimas semanas se han dado a conocer tres informes sobre seguridad ciudadana (de Paz Ciudadana, del Ministerio del Interior y del Ministerio Público) que dan cuenta de un aumento significativo de delitos en el país durante el último semestre. Es importante que las autoridades reaccionen a tiempo para revertir estas cifras que afectan la calidad de vida de la ciudadanía.
El estudio de Paz Ciudadana registró un incremento de la victimización, situación que no ocurría desde hace cuatro años, aumentando de un 33% a un 38% y rompiendo una tendencia a la baja que se venía registrando en el último tiempo. El del Ministerio del Interior reveló que los delitos de mayor connotación subieron 10,8% en el segundo trimestre de 2011, mientras que el del Ministerio Público dio cuenta de un aumento de 12% en el número de denuncias a nivel nacional. Se trata de cifras preocupantes que contrastan con el buen momento por el que atraviesa la economía, con elevadas tasas de crecimiento y un desempleo menguante.
No existe consenso sobre las causas que estarían originando esta alza. Mientras algunos especialistas plantean que se hace difícil establecer las razones del incremento debido a la ausencia de evaluaciones de los programas gubernamentales relacionados con el tema, otros han señalado que se debe, primero, al incremento objetivo de la actividad delictual y, segundo, a que un mayor número de víctimas de la delincuencia se está atreviendo a denunciar. En este contexto, es necesario que el gobierno se aboque a analizar con certeza cuáles son los factores que explicarían este quiebre de tendencia en materia de seguridad ciudadana. Al hacerlo, podrá definir con mayor claridad qué políticas adoptar para atacar el problema y generar un discurso consistente en el tiempo para revertirlo. Este esfuerzo debe partir por hacer un seguimiento exhaustivo de las políticas públicas que se están implementando, ya que una mala focalización y aplicación de las mismas también puede estar contribuyendo al incremento de las cifras delictuales.
Otra causa probable es la entrega de señales erráticas de parte de La Moneda. Durante su primer año, el gobierno manifestó su seria voluntad de terminar con la puerta giratoria en las cárceles y realizar un combate frontal al hampa. Para ello, el ministro del Interior se abocó principalmente a esta tarea, dejando de lado su rol más político, y se le entregó un amplio respaldo a las policías para que desarrollaran su labor. Durante ese período, la delincuencia aceleró la tendencia a la baja que venía mostrando desde 2006. Sin embargo, en el último tiempo este discurso se ha morigerado y se han impulsado iniciativas que apuntan en un sentido contrario al inicial. De hecho, hace unos días el Senado aprobó un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca indultar a 3.700 condenados de bajo compromiso delictual para descongestionar las cárceles del país. También influye la evidente pérdida de autoridad que ha experimentado el Ejecutivo en los últimos meses.
Al ser la delincuencia un problema que tiene muchas causas, requiere de soluciones multidisciplinarias que involucran a distintos organismos públicos, las que difícilmente podrán ser aplicadas si quienes están llamados a tomar las decisiones en esta materia desconocen esas raíces. Por ejemplo, que el ministro del Interior haya vinculado la cobertura que los medios dan a los delitos con el aumento de las cifras confunde cuál es el verdadero desafío.
Fuente: latercera.com
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