La eterna ecuación “prostíbulos/Policía” podría llevar a los jefes de cuatro seccionales porteñas a los Tribunales de Comodoro Py, acusados de coimas . Al menos así lo pidió formalmente el fiscal federal Federico Delgado, a cargo de la causa 10.262/11, en la que se investiga el posible delito de “trata con fines de explotación sexual” en cuatro departamentos del Microcentro, Palermo, Recoleta y Parque Avellaneda.
Todo estos lugares –allanados hace tres semanas– eran regenteados por un ex policía federal a quien no sólo involucran decenas de escuchas telefónicas sino también el testimonio de una ex pareja, que ya lo había implicado en el pago de coimas en 2009 en el marco de una causa por “amenazas” que no prosperó.
Las cuatro comisarías bajo la lupa son la 1°, la 19°, la 25° y la 40°. Entre las pruebas que esgrimió Delgado para pedir las indagatorias de policías y proxenetas al juez federal Sergio Torres están las sugestivas anotaciones encontradas en uno de los departamentos investigados . Allí, escritos en las paredes, estaban los teléfonos fijos de la comisaría 19° y los celulares de los patrulleros de la zona.
La seccional 19° es la más complicada por varias razones: allí trabajaba el principal imputado antes de salir de la Fuerza; y allí también tenía su prostíbulo principal, que ya había sido denunciado en decenas de expedientes contravencionales por violación a la ley 12.331 de profilaxis antivenérea.
“De las intervenciones telefónicas se comprobó que los imputados tenían vínculos con personal de las fuerzas de seguridad que, a cambio de sumas de dinero, les brindaban protección con la finalidad de que ningún tipo de inspección interrumpiera el funcionamiento de los prostíbulos ”, dijo Delgado en el pedido de indagatorias a proxenetas y jefes policiales, presentado el 15 de junio.
“En razón de los cargos que ostentaban, los comisarios debían controlar, prevenir y evitar la comisión de delitos dentro del ámbito de la jurisdicción y, lejos de ello, colaboraron para que delitos tan graves como los descubiertos en esta investigación se siguieran cometiendo ”, agregó Delgado.
Según el planteo del fiscal, los policías –a quienes no identifica con nombre y apellido– deben responder por el delito de cohecho (que fija penas de hasta 6 años de prisión). Por su parte, los proxenetas (tres hombres y dos mujeres) deben ser indagados por el delito de “trata de personas con fines de explotación sexual” (que impone penas de hasta 10 años). Es que regenteaban a mujeres (casi todas, extranjeras) que según Delgado estaban en evidente estado de vulnerabilidad, endeudadas o debiendo mantener a sus familias.
Ahora todo está en manos del juez Torres, quien puede tomar varios caminos. “En cuanto al delito de ‘trata’ hay que determinar si las mujeres que se encontraron en los lugares allanados estaban en una situación de vulnerabilidad tal que encuadre en esa figura, que sí es de competencia federal. Para eso están analizándose los informes socioambientales que se hicieron de cada una de ellas”, explicaron a Clarín fuentes judiciales.
En cuanto a los policías, “falta determinar a qué funcionarios implican las pruebas, ya que los períodos de tiempo son varios y los jefes de las seccionales suelen ser rotados por las autoridades”, agregaron las fuentes consultadas.
Pero más allá de los nombres y apellidos, en esta causa se volvió a confirmar una mecánica policial de protección al negocio del sexo a cambio de dinero. Y las sospechas superan a las cuatro seccionales en cuyas jurisdicciones estaban los “privados” allanados.
En esta investigación, además la Justicia comprobó que algunas escuchas telefónicas habían sido manipuladas por la Federal, encargada de su análisis. Recién cuando se le envío el mismo material a Gendarmería surgieron las conversaciones incriminatorias .
El caso se inició en la UFASE (Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de personas) en abril de 2011. Allí se hizo una investigación preliminar que derivó en una denuncia presentada el 16 de agosto de ese mismo año, que recayó en Delgado.
En la UFASE, el ex policía–proxeneta denunciado aquí ya era conocido: en 2009 habían recibido una denuncia de su ex pareja, que lo acusaba de amenazarla y de manejar prostíbulos con protección policial: “Me consta haberlo visto con el comisario de la 19°, a quien le paga entre mil ochocientos y dos mil pesos por protección . Yo lo he visto entregando sobres directamente al comisario con ese dinero”, declaró la mujer en ese momento.
Fuente: clarin.com
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