'Esperamos que la Justicia logre detectar todas las irregularidades cometidas, que establezca responsabilidades y que castigue a aquellas personas que sin escrúpulo alguno jugaron con la confianza de aquellas familias más vulnerables de la comuna de El Quisco que se vieron perjudicadas por culpa de un grupo de irresponsables'.
Así de tajante fue la Directora Regional de Serviu, María Francisca Cruz, al referirse a la formalización que hoy comienza en contra de nueve imputados en el caso de la investigación por fraude al fisco por 1.700 millones de pesos y por la eventual participación en los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público, supuestamente cometidos en la comuna de El Quisco, por algunos funcionarios municipales.
La audiencia comenzaba a las 9:30 hrs de hoy en el Juzgado de Garantía de San Antonio. Los proyectos cuestionados por un eventual proceso irregular son los Villa Marina 1 y 2 y Villa Padre Eduardo Alvear, todos de El Quisco, en los que los imputados habrían falsificado documentos para obtener un millonario subsidio de localización y un sobreprecio del terreno, entre otras irregularidades.
Entre los imputados se incluye el ex Director Regional de Serviu, Alberto Juan Ramírez. Este fue un proyecto - señaló Cruz - que vino de Gobiernos anteriores al nuestro, donde se cometieron una serie de irregularidades, las que estaban siendo investigadas en un sumario. Cuando nosotros asumimos la actual administración de Serviu, se me propuso como Directora sobreseer este sumario, lo que obviamente no acepté, ya que exigí que debía hacerse una investigación detallada que permitiera descubrir las ilegalidades cometidas y las responsabilidades administrativas. Además, de inmediato presentamos una querella en tribunales para que también se investigaran las responsabilidades criminales cometidas.
La actual Directora Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización continuó detallando las eventuales ilegalidades que se investigan. En estos proyectos se obtuvo un subsidio de localización con falsificación de instrumento público. Se emitieron certificados que decían que existía un colegio, un centro de salud y locomoción colectiva cercana al terreno del proyecto, que es lo que exige la normativa. Pero finalmente el colegio nunca existió, el supuesto centro médico nunca fue aprobado por la Seremi del ramo, y ninguna micro o colectivo pasaba cerca del proyecto. Además - agregó-, en julio del 2004, la entonces Municipalidad de El Quisco, a través de una aprobación al plano seccional, modificó, infringiendo la ley, el uso de suelo del sector donde se desplazarían los proyectos, pasando de una zona para uso de área verde, a una zona apta para el uso inmobiliario. Así logró un sobreprecio del terreno, lo que permitió que la inmobiliaria comprara en apenas $83 millones de pesos un terreno que después le vendió a las familias en más de $900 millones de pesos, es decir, más de 10 veces del valor original.
A estas eventuales graves ilegalidades, además, se suman la ejecución de obras de habilitación por más de $800 millones que nunca se justificaron y el ingreso al proyecto de manera irregular de personas que no cumplían con los requisitos exigidos para ser beneficiarias de un subsidio. 'Acá hay responsabilidades de la egis y del municipio, y estamos investigando mediante un sumario que lleva la Contraloría posibles irregularidades de funcionarios del Serviu realizadas durante la administración anterior', señaló María Francisca Cruz.
Fuente: serviu.cl
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