El juez Carlos Aldana Fuentes, ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Concepción, cerró el sumario y amplió el auto procesamiento por homicidio a 18 imputados –incluida una mujer– en la investigación sobre “asociación ilícita” para el asesinato de siete militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) perpetrados el 23 y 24 de agosto de 1984 en Hualpencillo/Talcahuano, Concepción, Los Ángeles y Valdivia.
El juez aplicó la figura jurídica de “asociación ilícita” a cuatro altos oficiales de ejército que planificaron y dirigieron los crímenes de la “Operación Alfa Carbón 1”, ejecutada a lo largo de 350 km. La macabra tarea comenzó el jueves 23 en Talcahuano, 520 km al sur de Santiago, y concluyó al día siguiente en Valdivia, a 850 km de la capital. Durante la jornada del 23 de agosto de 1984 fueron exterminadas seis de las siete víctimas de estos asesinatos en serie:
Luciano Humberto Aedo Arias, de 30 años, asesinado en Hualpencillo, Talcahuano;
Nelson Adrián Herrera Riveros, de 31 años, y Mario Octavio Lagos Rodríguez, de 34 años, ultimados en La Vega Monumental, Concepción;
Mario Ernesto Mujica Barros, de 32 años, ejecutado en su domicilio en Los Ángeles;
Rogelio Humberto Tapia de la Puente, de 31 años, y Raúl Jaime Barrientos Matamala, de 24 años, detenidos en la ciudad de Valdivia y trasladados atados y vendados para su ejecución en el sector rural puente Estancilla, donde carabineros cortó previamente el tráfico de personas y vehículos por esa carretera.
Juan José Boncompte Andreu, de 31 años, fue asesinado al día siguiente, el 24 de agosto, en su domicilio, calle Rubén Darío, Valdivia. Uno de las co-ejecutores fue la sicaria de la CNI (Central Nacional de Informaciones, policía política del dictador chileno Pinochet) Ema Verónica Ceballos Núñez.
La resolución del juez Aldana fue adoptada el 22 de julio. La página internet del Poder Judicial publicó el 24 de julio un informe periodístico sobre estos procesamientos en Concepción –500 km al sur de Santiago– y el texto completo del auto procesamiento, pero la noticia no tuvo gran acogida en los medios de información chilenos.
El ministro Aldana sometió a proceso por el delito de “asociación ilícita” a cuatro altos oficiales de ejército, además de procesarlos por homicidio:
– Marcos Spiros Derpich Miranda, entonces coronel de ejército, jefe y supervisor de toda la “Operación Alfa Carbón 1”;
– Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, entonces mayor de ejército, jefe de la operación en terreno, hoy preso por numerosos otros crímenes;
– Jorge Camilo Mandiola Arredondo, entonces mayor de ejército, jefe regional de la CNI en Concepción;
–Patricio Lorenzo Castro Muñoz, alias El Bejota, entonces capitán de ejército, 2º jefe de la Brigada Amarillo CNI, uno de los equipos operativos llevados desde Santiago, quien comandó los asesinatos de Valdivia, participó directamente en los crímenes de Estancilla y Calle Rubén Darío y en las ejecuciones de Tapia y Barrientos. También fue el cabecilla condenado por las estafas a militares recordadas como la Cutufa de los años 80. Los cuatro sujetos también fueron procesados por homicidio al igual que 14 subalternos.
Por los asesinatos fueron encausados en total 18 personas, incluida una mujer:
–Álvaro Corbalán Castilla, como autor de los homicidios de Mario Mujica Barros, Juan José Boncompte Andreu, Rogelio Tapia de la Puente, Jaime Barrientos Matamala, Nelson Adrián Herrera Riveros, Luciano Aedo Arias y Mario Octavio Lagos Riquelme;
–Marco Derpich Miranda, como autor de los homicidios de Nelson Adrián Herrera Riveros, Luciano Humberto Aedo Arias, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Mario Mujica Barros, Juan José Boncompte Andreu, Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala;
–Jorge Camilo Mandiola Arredondo, como autor del homicidio de Mario Mujica Barrios;
–Roberto Antonio Farías Santelices, como coautor del homicidio calificado de Luciano Aedo Arias;
–Luis Hernán Gálvez Navarro, como coautor del homicidio calificado de Luciano Aedo Arias;
–Manuel Morales Acevedo, como autor del homicidio calificado de Mario Lagos Rodríguez;
–José Abel Aravena Ruiz, como autor del homicidio calificado de Nelson Herrera Riveros;
–Luis Enrique Andaur Leiva, como autor del homicidio calificado de Nelson Herrera Riveros;
–Sergio Mateluna Pino, como autor del homicidio calificado de Nelson Herrera Riveros;
–José Zapata Zapata, como autor del homicidio calificado de Mario Ernesto Mujica Barros;
–Bruno Soto Aravena, como autor del homicidio calificado de Mario Ernesto Mujica Barros;
–Luis Alberto Moraga Tresckow, como coautor de los homicidios calificados de Rogelio Humberto Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala;
–Óscar Boehmwald Soto, como autor del homicidio calificado de Juan José Boncompte Andreau;
–Ema Verónica Ceballos Núñez, como coautora del homicidio calificado de Juan José Boncompte Andreau;
–Patricio Lorenzo Castro Muñoz, como autor de los homicidios calificados de Rogelio Humberto Tapia de la Puente, Jaime Barrientos Matamala y Juan José Boncompte Andreu;
–Gerardo Meza Acuña, como autor de los homicidios calificados de Rogelio Humberto Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala;
–Patricio Alfredo Berton Campos, como coautor del homicidio calificado de Nelson Adrián Herrera Riveros, y
–Luis René Torres Méndez, como coautor de los homicidios calificados de Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala.
El mando de la Central Nacional de Informaciones (CNI), definida judicialmente como una “asociación ilícita” que operaba dentro del ejército, planificó varios meses estos asesinatos en serie bajo el nombre en clave de “Operación Alfa Carbón 1″ (el número 1 hace suponer que habría otras acciones previstas en el sur del país), tal como lo hizo tres años después –15 y 16 de junio de 1987– con la “Operación Albania” –o Matanza de Corpus Christi–, que dio muerte a doce miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), del Partido Comunista. Años después, Hugo Dolmestch, ministro de la Corte Suprema, llamó a Alfa Carbón “la Operación Albania del Sur”.
Los siete asesinatos, largamente planeados en detalle y ejecutados a sangre fría, fueron presentados a la prensa como “enfrentamientos”, con la complicidad activa de los grandes medios informativos de la época, partícipes activos del lavado de cerebro que pretendió hacerle a los chilenos la dictadura cívico militar. La dictadura también pretendía exportar una imagen internacional de “lucha permanente contra el terrorismo armado marxista” y, a más de una década del golpe de 1973, ocultar el creciente éxito político de la resistencia y la oposición a la dictadura.
Los más entusiastas colaboradores en la tarea des-informativa fueron los diarios de la cadena El Mercurio, de La Tercera (Copesa), las grandes radioemisoras y los canales de televisión de sintonía nacional, encabezados por Canal 13 y Televisión Nacional de Chile (TVN), que envió un equipo a cargo del periodista Esteban Montero, camuflado entre los sicarios movilizados desde Santiago por la “asociación ilícita” CNI. La Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos) enviaba comunicados a los medios de la capital dando cuenta de los “enfrentamientos”, mientras en las ciudades afectadas por la incursión emitían reportes oficiales los jefes locales del aparato cívico-militar de la dictadura.
Más de 60 esbirros fueron trasladados desde Santiago y las ciudades del sur del país para reforzar a los CNIs de las localidades donde se perpetraron las ejecuciones. También hubo múltiples allanamientos y detenciones en las principales ciudades del sur, incluso en Temuco, donde esta vez no hubo ejecuciones.
Los imputados en la causa declararon que sumando los efectivos trasladados desde Santiago a los agentes civiles locales y añadiendo los refuerzos de carabineros, se armó una fuerza de un centenar de exterminadores comandados en terreno por Corvalán Castilla. Además de los asesinatos, en diferentes operaciones simultáneas en Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia la CNI detuvo a 19 personas que venían vigilando desde comienzos de 1984, incluida una niña de 4 años.
El equipo de la televisión pública puesto a disposición de la CNI “cubrió en exclusiva” los asesinatos falsificados como “enfrentamientos”. Los reporteros de los medios locales no tuvieron acceso a las escenas del crimen, privilegio exclusivo del ‘reportero estrella’ de estas noticias falsas, el periodista Montero de TVN, quien presenció varias ejecuciones. Montero falleció de un ataque cardíaco en 2008 en total impunidad, antes que siquiera lo denunciaran ante el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, que no pueden actuar “de oficio”, sino por reclamos de familiares o cualquier ciudadano, como ocurrió en los casos de Los 119 (Operación Colombo) y Rinconada de Maipú, donde hubo periodistas sancionados y expulsados, incluido un profesor de “ética periodística” de universidades privadas.
–Luciano Humberto Aedo Arias, de 30 años, fue ultimado a las 12:45 del 23 de agosto 1984, mientras caminaba por una calle de Hualpencillo, Talcahuano, suburbio hoy llamado Hualpén, a 9 km al norte de Concepción, camino al puerto. Entre los numerosos testigos de este asesinato estuvo presente el periodista Esteban Montero y su cámara de TVN. Las imágenes captadas y su relato personal en el noticiario “60 minutos” adornaron la historia falsa de los enfrentamientos. “En este hecho, resultó herido el agente Carlos Palma, a raíz de un disparo con arma de fuego realizada por otro agente en fuego cruzado, por encontrarse Palma dentro de la línea de fuego”, según el auto procesamiento.
–Nelson Adrián Herrera Riveros, de 31 años, fue atacado cuando, junto a Mario Lagos, descendió con las manos en alto de un pequeño autobús –llamado “taxibús”–, interceptado a las 16:30 horas por vehículos de la CNI y carabineros, ante el público que circulaba por la “Vega Monumental”, un populoso sector comercial de Concepción. Su acompañante, Lagos, murió en el acto, pero Herrera sobrevivió herido. Fue rematado después que el coronel Derpich Miranda ordenara por radio desde Santiago “El sujeto no puede llegar vivo al hospital”, según confesó el carabinero CNI José Abel Aravena Ruiz. Trasladaron al herido al km 0,9 de la ruta a Santa Juana, donde le dieron muerte. Luis Enrique Andaur Leiva “le colocó el pie sobre el pecho y con su revólver sobre la frente, a una distancia aproximada de dos cm le disparó, ocasionándole una herida a bala cráneo cerebral, que le produjo la muerte instantánea”, dice el auto procesamiento. Enseguida, abandonaron el cuerpo -todavía esposado- frente al Hospital Regional de Concepción. “… Posteriormente, el agente Berton [Patricio Alfredo Berton Campos] lavó la parte trasera del auto para eliminar la sangre dejada por la víctima”.
- Mario Octavio Lagos Rodríguez, 34 años, el acompañante de Herrera, pereció frente a la concurrida Vega Monumental de Concepción, Av. 21 de Mayo con calle Mencía de Los Nidos, el lugar planificado para el doble asesinato por la CNI, que desde el vecino puerto de Talcahuano seguía al taxibús de recorrido en que viajaban ambas víctimas.
–Mario Ernesto Mujica Barros, de 32 años, fue ejecutado en su domicilio cerca de las 18 horas del mismo 23 de agosto, por los agentes que lo vigilaban en Los Ángeles, 121 km al sur de Concepción y 527 km al sur de Santiago. De acuerdo a lo planeado, los agentes CNI de Concepción José Zapata Zapata y Bruno Soto Aravena dieron muerte a Mujica en su hogar, calle Bombero Vyhmeister N° 841 de la Población Orompello, una vez que escucharon la noticia del “enfrentamiento” en Concepción por radio Bío Bío.
Rogelio Humberto Tapia de la Puente, de 31 años, y Raúl Jaime Barrientos Matamala, 24 años, también fueron asesinados el día 23 de agosto en Valdivia, 850 km al sur de Santiago y 435 al sur de Concepción, en otro “enfrentamiento” escenificado en el sector puente Estancilla del camino Valdivia-Niebla. TVN mostró fotografías de un vehículo acribillado en la locación del asesinato mientras Montero relataba el “encuentro armado”. El auto procesamiento describe así este asesinato doble:
“… Alrededor de las 16:00 horas del 23 de agosto de 1984, equipos operativos de la CNI llegados desde Santiago, dirigidos por Patricio Castro Muñoz, alias El Bejota, procedieron a detener a Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala cerca del Puente Las Ánimas, en la ciudad de Valdivia, sin orden competente y cruzando el río Calle Calle en un transbordador, los trasladaron al Puente Estancilla, ubicado en el Camino de Valdivia a Niebla, en el sector de Torobayo, lugar en que previamente se había cortado el tránsito de todo vehículo y personas por Carabineros y en circunstancias que los detenidos se encontraban amarrados de manos y vendada su vista, los agentes procedieron a ejecutarlos, por orden de Patricio Lorenzo Castro Muñoz, disparando éste, los agentes Luis René Torres Méndez y Gerardo Meza Muñoz, además del jefe regional de la CNI de Valdivia, Luis Moraga Tresckow, quien se había negado a hacerlo, pero ante la orden reiterada de Castro Muñoz, los remató. Las víctimas recibieron múltiples heridas de proyectil, algunas de las cuales impactaron a Tapia de la Puente y Barrientos Matamala en el cráneo, ocasionándoles heridas cráneo encéfalo facial. Posteriormente, a los fallecidos se les colocó armas en las manos para simular un enfrentamiento”.
– Juan José Boncompte Andreu, de 31 años, fue asesinado al día siguiente, el 24 de agosto de 1984, y de nuevo en Valdivia, a las 16.30 horas, en su domicilio de Rubén Darío Nº 643. La CNI detuvo a su pareja, Inés Díaz Vallejos.
Los siete asesinatos fueron ordenados y monitoreados por la Dirección Nacional de la CNI, cuyo jefe era el general Humberto Gordon Rubio (fallecido), secundado por el entonces coronel Hugo Salas Wenzel, ascendido después a general y en prisión perpetua como protagonista de la Operación Albania.
Fuente: elciudadano.cl 28.07.2014
