Corrupción: Falsos exonerados políticos en Chile.

Un nuevo caso de cuantiosas irregularidades con fondos públicos cometidas desde hace muchos años ha remecido a la clase política y llamado la atención por el uso perverso y abusivo de un fin altruista como reparar daños por derechos humanos vulnerados. Una investigación respecto de un falso abogado formalizado por 17 casos de estafa dejó en evidencia ante la respectiva fiscalía la adulteración de antecedentes que sirvieron para que supuestos exonerados políticos durante el gobierno militar pudieran acceder a los beneficios otorgados por la normativa que se aprobó para ese efecto. La fiscalía remitió al juzgado del crimen competente ocho casos relativos a receptores indebidos de ese beneficio, previo pago de honorarios a aquél. Las pesquisas fueron añadiendo nuevos antecedentes que incrementan las cifras de presuntas figuras fraudulentas con estos fines. Así, el Ministerio del Interior denunció una falsificación de instrumento privado de uso público para favorecer a supuestos trabajadores de una empresa forestal de la zona de Valdivia, cuyos antecedentes fueron recopilados por el Programa de Reconocimiento al Exonerado Político. Estas y otras operaciones ilícitas en favor de falsos exonerados políticos adquirieron especial dimensión cuando en un programa del Canal 13 de TV se sindicó al diputado Sergio Ojeda (DC), presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y a los senadores Navarro (MAS), Isabel Allende y Juan Pablo Letelier (PS) como firmantes de certificados que supuestamente facilitaron la entrega de los beneficios a falsos exonerados.
La amplia exposición de este caso a través de los medios de comunicación ha impulsado la reacción que ahora se observa, lo que intentos anteriores no habían logrado. Ya en 2002 la propia Comisión Nacional de Exonerados había solicitado a la Contraloría investigar los criterios para la calificación de los exonerados por las aristas políticas que se habían detectado, y en 2008 la Comisión de DD.HH. de la Cámara pidió al Ejecutivo aclarar la eventual existencia de irregularidades en las certificaciones. En esa oportunidad, parlamentarios de todos los partidos concordaron en la gravedad de tal situación, pero ella no fue corregida.
Estos beneficios comenzaron a otorgarse en 1993, y posteriormente tres leyes ampliaron los plazos fijados. En el plazo legal, se presentaron unas 258 mil postulaciones, 99 mil de las cuales fueron rechazadas. Para financiar las concedidas, el Presupuesto Nacional 2011 prevé casi 233 mil millones de pesos (227 mil en 2012).
Pero las indagaciones muestran crecientemente carpetas de postulación sin los antecedentes legales, falta de respaldos, beneficiarios que eran menores de edad a la fecha de su falsa exoneración, datos falsificados, inclusión de empresas en que no hubo despidos, peticiones acogidas fuera de plazo y -quizá lo peor- documentos firmados por parlamentarios para facilitar el otorgamiento de estas pensiones, sin disponer siempre de los fundamentos legales de acreditación.
Todo esto salpica bochornosamente a la clase política, y ésta ha debido reconocerlo así. De allí que altos personeros concertacionistas hayan expresado la necesidad de que todos los antecedentes de este caso sean sometidos a la justicia, y que la unanimidad de la Cámara de Diputados acordara crear una comisión para investigar estas denuncias, en tanto que figuras de la Alianza piden la intervención del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado y de los tribunales. Pero es indispensable que el actual celo esclarecedor no termine en el olvido, como incontables veces ha ocurrido antes. La institucionalidad se erosiona peligrosamente si quienes la encarnan no demuestran un comportamiento impecable. La honra de la clase política está aquí comprometida, e interesa a oficialistas y opositores por igual que ella sea limpiada con rigor y convincentemente.
Fuente:emol.com