Los negocios de la esposa de Pinochet

Son tres las propiedades en la comuna de Las Condes que la Fundación CEMA recibió como un regalo del Fisco y que luego vendió en grandes sumas. Dos de ellas están una frente a la otra, en el Parque Los Dominicos, justo donde termina Avenida Apoquindo, y forman parte de un paquete. El terreno donde están ambos inmuebles fue cedido gratuitamente por el Estado a Fundación CEMA CHILE el 30 de agosto de 1988 y vendido a la Municipalidad de Las Condes el 1 de diciembre de 2000, cinco días antes de que el ahora senador y presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, dejara el mando del municipio como subrogante del entonces alcalde, Joaquín Lavín. Los dos lotes que compró la municipalidad corresponden a lo que hoy son las oficinas del Registro Civil (Apoquindo Nº 9071) y el Círculo de Encuentro del Adulto Mayor “Los Dominicos” (Apoquindo Nº 9082). El precio de venta de ambos lotes fue de 7.500 UF, que en esa fecha equivalía a casi $118 millones. Lo extraño es que aunque eran dos propiedades, en la escritura sólo figura un rol de avalúo, que corresponde al Lote 1 (el centro de adultos mayores). Según el Servicio de Impuestos Internos, para entonces ese inmueble estaba avaluado en $69.108.689. Hoy su tasación fiscal supera los $164 millones.

La tercera propiedad está en Avenida Kennedy altura 5601. CEMA vendió ese terreno mediante licitación en marzo de 1990, sólo cuatro meses después de que el Fisco se lo transfiriera gratis. Entre los tres oferentes estuvieron la constructora de Abraham Senerman y la Compañía de Seguros La Previsión Vida S.A. Pero sus propuestas fueron muy bajas. Como las bases de la subasta establecían que quien ofreciera la suma más alta y pagara al contado y en efectivo se adjudicaría el terreno, el comprador final fue la Sociedad Constructora Cosalco, del empresario Samuel Levy y sus socios, que desembolsó unos $333.520.800 (60.000 UF). En ese espacio frente al Parque Arauco hoy se ubica un enorme edificio comercial que alberga, entre otros, un Homecenter, un supermercado Tottus, una sucursal de Dercocenter y hasta un Mc Donald’s.

Los tres inmuebles en Las Condes son sólo una pequeña muestra de un extenso listado de bienes raíces que el Ministerio de Bienes Nacionales tenía en su poder y que CIPER obtuvo a través de la Ley de Transparencia. La información da cuenta de que entre 1973 y 1991, el Estado entregó a la Fundación CEMA CHILE un total de 113 inmuebles, todos gratis .Los hay en Santiago, Arica, Talca, Valdivia, Punta Arenas y Coyhaique, sólo por mencionar algunas ciudades. De ellos, 111 le fueron donados a través de Decretos Supremos que llevan la firma de Augusto Pinochet. Aunque la Fundación de Centros de Madres (CEMA) fue creada por Graciela Letelier cuando su marido Carlos Ibáñez del Campo era presidente, Lucía Hiriart, la esposa de Pinochet, la ha dirigido desde 1973, perpetuándose en el cargo mediante diversos cambios a sus estatutos. Todas las cesiones ocurrieron con ella a la cabeza de la entidad sin fines de lucro.
Las 113 transferencias gratuitas se rigieron por la Ley 1.939 del Ministerio de Tierras y Colonización (el antecesor del Ministerio de Bienes Nacionales). La normativa impone como condición que el beneficiario no tenga fines de lucro y que el inmueble no podrá ser enajenado antes de cinco años, contados desde que se inscribió la cesión en el Conservador de Bienes Raíces. Salvo, claro que tenga para ello la autorización del mismo ministerio. En el artículo Nº 87, la ley también incluye como condición que el beneficiario no podrá ocupar el inmueble para otros fines que los de su función. En caso contrario, el Fisco recuperará el dominio de la propiedad.

CIPER constató que varios de estos inmuebles –entre ellos el de Avenida Kennedy– no cumplieron con la condición expresamente estipulada en la ley sin que el Fisco demandara su recuperación.
CIPER investigó el destino de los terrenos que la Fundación CEMA CHILE recibió gratuitamente del Fisco en la provincia de Santiago, Puente Alto y San Bernardo. De las 38 propiedades revisadas y visitadas por CIPER, 26 fueron vendidas y una cedida gratuitamente en 1985 al Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad. Siete propiedades se vendieron en diversos lotes a privados como inmuebles habitacionales, antes de cumplir los cinco años desde la fecha de inscripción que por ley debió esperar la fundación para enajenarlas. Y otros 11 inmuebles donados por el Fisco en Santiago aún se mantienen bajo la propiedad de CEMA CHILE. Eso ocurre con el terreno y sus dos casas de calle Mejillones, en Cerro Navia, un espacio que los vecinos quieren recuperar para darle el mismo fin que tenía cuando se fundó la población: un lugar para hacer deportes.

En la parte trasera de la sede de la junta de vecinos que funciona en calle Mejillones, los escombros y maderas han invadido todo el terreno. Apenas se distinguen un par de casas que a duras penas se mantienen en pie. Las habitan dos familias que las ocuparon cuando constataron que estaban vacías y sin dueño que las reclamara. Pero dueño tienen. Desde 1988 la propiedad pertenece a la Fundación CEMA CHILE. Al igual que con los otros inmuebles, se convirtió en su dueña en virtud de una transferencia gratuita que le realizó el Fisco para que allí albergara a sus socias e impartiera cursos de manualidades y cocina. Los vecinos dicen que en 1990, con el fin de la dictadura, también se puso término a las actividades que realizaba CEMA en esa sede.

Las 51 propiedades que el Fisco donó a la Fundación CEMA en 19 comunas de la capital varían en su valor y destino. De los 38 inmuebles investigados por CIPER, 11 aún siguen inscritos en el Conservador de Bienes Raíces bajo la pertenencia de Fundación CEMA CHILE, y sólo uno, ubicado en Recoleta, fue cedido como donación en 1985 al Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad, aunque 14 años después éste lo vendió en $95 millones a la Sociedad Textil Circutex. Las 26 propiedades restantes, que corresponden al 51% del paquete total de bienes raíces que el Fisco transfirió a CEMA CHILE en Santiago, fueron vendidas entre 1988 y 2010.

Las ventas de las propiedades revisadas por CIPER, sólo en Santiago, alcanzan un total de ingresos para la Fundación que preside Lucía Hiriart de $ 3.783.967.579, cerca de 7.7 millones de dólares.

Siete de esos terrenos fueron loteados o vendidos antes de cumplir los cinco años de prohibición de enajenación que impone la norma. Pero la venta se hizo conforme a la ley, ya que cumplen con lo que señala el artículo Nº 87 de la normativa: en caso de ser transferidas, deben tener la autorización del Ministerio de Bienes Nacionales. Uno de los funcionarios que autorizó esas ventas fue el general (r) de Carabineros Jorge Veloso Bastías, quien encabezó el Ministerio de Bienes Nacionales entre 1987 y 1988. Veloso fue procesado por la desaparición en 1973 del dirigente (PS) Nelson Nolberto Llanquilef y de Armando Álvarez Marín (1988-1990).

La mayoría de las ventas de terrenos que la Fundación CEMA recibió del Fisco se realizaron en la década de los ‘90. En cambio, las propiedades que fueron loteadas y transformadas en villas para socias de la Fundación, fueron realizadas en gran parte al final de la dictadura o durante la campaña del plebiscito, entre 1988 y 1990.

Los mayores montos que obtuvo la Fundación CEMA por esas ventas fue por las propiedades que vendió a controladores de universidades privadas e inmobiliarias. Aún cuando los precios pagados –según las escrituras- son menores al avalúo fiscal y muy distantes del valor comercial del momento de la venta. Estas transacciones beneficiaron a instituciones que tenían en sus directorios a destacados miembros y colaboradores del régimen militar, como son la Universidad Bernardo O’Higgins y la Universidad Mayor.
En el balance de 2005 de CEMA CHILE y tampoco en los documentos de los años siguientes aparecen explícitas -ni citadas como nota al pie o en el balance-, la cuenta por pagar o deuda que adquirió la Universidad Bernardo O’ Higgins (UBO) en 2002 con la fundación, al comprarle el terreno que ocupa como sede central en Avenida Viel 1497. La Universidad se comprometió a pagarle en cuatro cuotas $350 millones, en UF y con intereses, pero éstas no aparecen ni como cuentas por cobrar ni en “varios deudores” o “existencias”.

Respecto de la Universidad Mayor, ésta compró a CEMA CHILE la gran casa ubicada en Portugal Nº 351, la misma que por décadas albergó a la sede central de la institución desde donde ejerció su poder Lucía Hiriart. Antes de ello, la casona fue un convento de las monjas del Sagrado Corazón y luego, desde 1971 y hasta el Golpe, sede de la Corporación de Mejoramiento urbano (CORMU).
El terreno fue vendido a la Universidad Mayor en $1.248.321.000. Según la información del Servicio de Impuestos Internos (SII), ese año el avalúo fiscal de la propiedad superaba los $1.300 millones.
¿Por qué la Fundación CEMA CHILE vendió esa propiedad en un precio incluso menor al avalúo fiscal, estando ubicada en un paño codiciado y de gran valor comercial? Ningún directivo de CEMA accedió a responder las preguntas de CIPER, principalmente cuál fue el destino de los dineros recaudados con las ventas de propiedades. Tampoco lo hicieron dos de los fundadores de la Universidad Mayor con férreos lazos con el régimen militar: Rubén Fernando Covarrubias Giordano, quien fue director de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación entre 1984 y 1988; y Erich Reinaldo Villaseñor Maldonado, ex asesor de la misma cartera.

A pocas cuadras de la actual sede universitaria, en Portugal Nº 217, otro inmueble que CEMA debía destinar a su labor social fue vendido en $105,5 millones a un particular en 1995. Allí hoy funciona un supermercado Ekono y varios locales comerciales. En Peñalolén, el sitio de Calle 18, que fue cedido por el Fisco a CEMA en 1987, fue vendido en casi $140 millones a la Iglesia Metodista Pentecostal.
La suma de todas estas ventas de propiedades que el Fisco le cedió gratuitamente a CEMA supera los $3.783 millones. Y fue el año 1996 cuando los ingresos por estas ventas alcanzaron el mayor monto: $1.705 millones.

En una entrevista de julio de 2005 a La Segunda, el representante legal y director administrativo de la Fundación CEMA, Jorge Aguilera Ribera, negó que la mayoría de las propiedades donadas por el Fisco a su institución hayan sido vendidas: “La mayor parte, no. Las regionales han vendido varias propiedades de Arica a Magallanes para poder subsistir, para mantenernos, porque en los últimos 15 años jamás hemos tenido una ayuda económica del Estado, pero quedan muchas a lo largo del país”, dijo Aguilera. De acuerdo a la información que obtuvo CIPER, para 2005 la fundación ya había vendido el 51% de los inmuebles que el Fisco le había cedido gratuitamente en la Región Metropolitana.

El representante de CEMA al parecer fue escuchado pues la última donación que encontró CIPER a la fundación data de este año y fue entregada por la Municipalidad de Vitacura. En el decreto 3/651, firmado por Jorge Bugarey, está la constancia de dicha donación ($3.500.000), dinero que recibió el propio Jorge Aguilera según “programación de la Dirección de Administración y Finanzas” de dicha municipalidad.
Jorge Aguilera no es ajeno a la familia Pinochet. Fue testigo del último testamento que hizo el ex dictador el 26 de enero de 2005, un año y 11 meses antes de fallecer, ante la notaria Margarita Moreno, suplente de Eduardo Avello y ex jefe de gabinete de Lucía Hiriart cuando era Primera Dama. Fue tal la importancia que tuvo CEMA en la familia del ex dictador, que en ese testamento –del cual fue testigo el representante legal y director administrativo de la entidad presidida por Lucía Hiriart- la única modificación con respecto al anterior testamento de 2000, fue el cambio de albacea. Salió Oscar Aitken e ingresó la abogada Julia Hormazábal, fiscal de CEMA, amiga personal de Lucía Hiriart y personaje clave en la venta de propiedades de CEMA a la Universidad Bernardo O’ Higgins y Universidad Mayor.

CIPER solicitó los balances y memorias de la Fundación CEMA CHILE al Ministerio de Justicia, para verificar si los ingresos que esta institución obtuvo a través de la venta de propiedades que el Fisco le traspasó gratuitamente fueron ingresados efectivamente a la caja de la institución que preside Lucía Hiriart. No fue posible: en el ministerio tan solo hay registro de los últimos cinco balances y memorias anuales.
Con estos documentos, CIPER consultó a un experto, quien analizó la poca información que contienen los balances que CEMA entregó desde 2005 al 2010 al Ministerio de Justicia. La primera observación, fue que no existe transparencia sobre el origen de los dineros que ingresan a la contabilidad de la Fundación. Mientras que desde 2005 el patrimonio disminuye, sobre todo en sus ítems de capital y reserva, lo sube en sus bienes raíces en más de $1.200 millones. El total de “Activos fijos de Bienes Raíces” en 2006, por ejemplo, alcanzaba a los $4.600 millones. Así también suben sus ingresos no especificados: entre “otros aportes” y “otros ingresos”, suman en 2006 más de $224 millones.

En la misma entrevista de julio de 2005 en La Segunda, Aguilera aseguraba que la Fundación se financiaba con “recursos propios obtenidos de la enajenación de bienes raíces; aportes de Polla -que es una disposición legal que se debe cumplir y representa cerca de un 10,7% de nuestros ingresos-, donaciones de particulares y subvenciones de municipios a lo largo de Chile”. El representante legal de la entidad sin fines de lucro agregó que CEMA CHILE gastaba $38 millones en gastos de personal y “en actividades de labor social”. Una cifra muy distinta a la que aparece en el balance oficial de CEMA de ese mismo año: en el ítem “Egresos”, “gastos de administración” alcanza a $374 millones y “Acción social y capacitación” más de $227 millones.

Las memorias y balances anteriores al 2005 fueron remitidos al Archivo Nacional, y en algunos casos, como las correspondientes a 1989, no fueron entregadas al Ministerio de Justicia por parte de la fundación, transgrediendo así la ley que rige a las fundaciones. Así lo informa la Intendencia de Santiago al subsecretario de Justicia en carta fechada el 31 de octubre de 1989, firmada por el director jurídico de la Intendencia, Carlos Guzmán. En ella indica: “La Intendencia no tiene conocimiento que se haya presentado memoria y balances al Ministerio de Justicia en los últimos doce meses”.

Esta falta de información significó un problema en 2005, cuando la Comisión de Hacienda del Senado, presidida por el entonces senador Carlos Ominami, decidió retirar el aporte que anualmente le hacía la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción a la Fundación y que según los mismos directivos de CEMA CHILE, significaba un 10% de sus ingresos. Otra institución que dejó de ser beneficiada por Polla fue la Fundación Septiembre, institución también dirigida por Lucía Hiriat y que tenía como fin ayudar a las familias de los “soldados caídos” el día del golpe militar.

CEMA CHILE se negó a entregar sus balances y memorias a la comisión y solo envió un documento donde se señala la importancia de continuar con la ayuda financiera del Fisco, a la que estaba habituada desde 1975.

Un documento anterior, del 3 de julio de 1981, firmado por Sonia Munizaga, de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, informa a la ministra de Justicia de la época, Mónica Madariaga, que la Fundación CEMA “no ha remitido memorias ni balances, desde la fecha de su creación”.

Al respecto, Jorge Aguilera Ribera afirmó en 2005: “Entregamos nuestro balance y nuestra memoria cada año al Ministerio de Justicia, que es el organismo que nos fiscaliza. Sin perjuicio de ello, todas nuestras actuaciones de alguna manera son revisadas por Impuesto Internos, la Contraloría General de la República y por las municipalidades debido a las subvenciones. Entonces consideramos que es una canallada sostener que nosotros nos negamos a entregar información, como si estuviéramos en la clandestinidad o fuera esto al margen de la ley”.

Las sospechas sobre la transparencia en el flujo, origen y destino de los dineros de la Fundación CEMA han sobrevolado durante años en distintos organismos públicos, pero fue sólo con el inicio de la investigación sobre el origen de la fortuna secreta que el general Augusto Pinochet ocultó fuera de Chile –en el Banco Riggs, entre otras entidades– que las cuentas de CEMA llegaron a tribunales. Según el procesamiento que dictó el ministro Carlos Cerda en octubre de 2007 en el llamado caso Riggs, Augusto Pinochet usó los fondos de CEMA CHILE para financiar la ampliación de la polémica residencia secundaria que el ex dictador se construyó en San José de Maipo, en el sector de El Melocotón.

La fundación de centros de madres habría aportado “tanto en la compra de materiales como en los pagos de los trabajadores”. El mismo fallo estableció que gastos reservados de la Comandancia en Jefe del Ejército se usaron en la compra de propiedades, explotación agrícola, gastos médicos, compra de “estatuas o bustos de Napoleón Bonaparte” y para aportes directos a la Fundación CEMA CHILE.

Personaje central de estas triangulaciones sería la abogada Julia Hormazábal, quien fue fiscal y representante legal de CEMA CHILE y es actualmente la albacea del testamento de Augusto Pinochet.

La Fundación CEMA CHILE nació en 1954, pero con otro nombre: Fundación Graciela Letelier de Ibáñez “Ropero del Pueblo”. Una iniciativa de caridad de la esposa del general Carlos Ibáñez del Campo, cuyo objetivo era: proporcionar “mayor bienestar material y espiritual a las familias chilenas, especialmente en lo referente al niño, a la mujer y a la clase obrera”. Su patrimonio inicial fue de $500 mil de la época donados por Graciela Letelier, además de “mercaderías, géneros, ropas confeccionadas, frazadas, colchones, catres, escritorios y otros”, todo ello avaluado en $2.256.200. Dichos bienes eran guardados en una bodega en el mismo Palacio de La Moneda.

En 1958 una modificación en sus estatutos determinó que esta institución era privada, por lo que no debía dar cuentas a Contraloría y que sería presidida por la cónyuge del Presidente de la República. Con la esposa del ex presidente Eduardo Frei Montalva, CEMA adquirió un nuevo impulso con miles de socias y sedes a lo largo del país. En 1971, bajo la conducción de Hortensia Bussi, experimentó una nueva modificación y pasó a llamarse: “Ropero del Pueblo, Coordinadora de Centros de Madres” (COCEMA).
Seis meses después del Golpe de Estado de 1973, el 5 de marzo de 1974, el nuevo consejo directivo de la fundación -presidido por Lucía Hiriart de Pinochet y las esposas de los integrantes de la Junta Militar-, decidió cambiarle el nombre a la institución: desde entonces que se llama “CEMA-CHILE”. En la definición de sus objetivos, se eliminó la referencia a la “clase obrera”, reemplazándola por “hogares de escasos recursos”, además de otros cambios administrativos. En 1977, un Decreto Supremo firmado por Pinochet le permitió a CEMA el funcionamiento de sus galerías artesanales con fines comerciales.

Para 1981, la Fundación CEMA CHILE ya tenía cientos de centros en todo el país. Ese año, un nuevo cambio de estatutos definió que su presidenta nacional sería la cónyuge del comandante en jefe del Ejército. En la correspondiente escritura, fechada el 2 de junio, agrega que la fundación solo debe remitir sus memorias y balances al Ministerio de Justicia, sin responder a otro organismo estatal. En 1990, un nuevo cambio amplió las facultades de su presidenta, que siguió siendo Lucía Hiriart, además de disminuir el número de consejeros en su dirección.

Un año antes de la detención de Augusto Pinochet en Londres, CEMA CHILE legalizó su última modificación de estatutos. En la escritura del 27 de diciembre de 1996, se define que el cargo de “presidenta nacional” recaerá sobre la voluntaria que haya ocupado ese cargo anteriormente o el de vicepresidenta anteriormente por más de 10 años, pudiendo ser reelegida cada cuatro años. Fue así como Lucía Hiriart se perpetuó en la dirección de la organización que dirige desde 1973.

Ahora la última palabra la tendrá la justicia ya que una de las aristas del juicio que aún se desarrolla por el origen de la fortuna secreta del ex dictador, está relacionada con los múltiples vasos comunicantes encontrados entre las finanzas de CEMA y la fortuna que ocultó en el extranjero Augusto Pinochet y algunos miembros de su familia. Un capítulo en el que Julia Hormazábal y Jorge Aguilera, albacea y testigo del último testamento del general, tienen mucho que decir.
Fuente: ciperchile.cl