Tres meses después de la caída de Muamar al Gadafi, la inestabilidad política hace cada vez más difícil la construcción de la nueva Libia. La dificultad del Gobierno provisional de imponer su autoridad en todo el país y las sospechas de que los abusos y las violaciones de los derechos humanos han sobrevivido a la dictadura siembran algo más que dudas sobre la capacidad de las autoridades de pilotar la transición.
Los enfrentamientos entre distintas milicias en varios puntos del país, incluida Trípoli, no son solo episodios puntuales. En Bani Walid, antiguo bastión gadafista en el distrito occidental de Misrata, cinco personas murieron en los violentos enfrentamientos que se produjeron entre el lunes y el martes. La noticia, luego desmentida, de que un grupo de leales al difunto régimen, había tomado el control de la ciudad desató las alarmas.
El enviado de la ONU en Libia, Ian Martin, en una comparecencia el miércoles ante el Consejo de Seguridad, mencionó el episodio como un síntoma más de la debilidad del Gobierno a la hora de gestionar la reconciliación de todas las facciones que componen el complicado panorama político del país. “El antiguo régimen puede haber sido derrumbado, pero la cruda realidad es que el pueblo libio sigue viviendo con su arraigado legado”, declaró Martin. Una herencia que se expresa “en la debilidad de instituciones estatales, a veces ausentes, junto a la larga ausencia de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, que hacen la transición en el país más difícil”.
“Las autoridades son incapaces de mantener el control sobre las milicias”, denuncia Donatella Rovera, investigadora de Amnistía Internacional en Libia, que en las últimas semanas ha comprobado las consecuencias de la anarquía de las milicias en el oeste del país: la proliferación de centros de detención fuera del control de las autoridades centrales y locales, en los que los detenidos, durante y después la caída de Gadafi, están sometidos a abusos y torturas. Los casos de presos muertos en estas cárceles se multiplican. El último conocido por la ONG es el de un coronel detenido y encarcelado por un grupo de milicianos al sur de Trípoli. Su cuerpo fue devuelto un día después a su familia. “Yo estaba aquí en abril y ya entonces vimos personas torturadas. Pedimos a las autoridades que intervinieran e investigaran. Pero desde entonces no se ha hecho nada”, dice Rovera.
Médicos Sin Fronteras anunció ayer la suspensión de sus actividades en los centros de detención en el distrito de Misrata después de que sus doctores se enfrentaran a la petición de curar a presos que habían sido sometido a tortura para que, una vez recuperados, pudieran volver a los interrogatorios en los que se produjeron los abusos. Los centros estaban bajo el control de las autoridades locales de Misrata, asegura Barth Janssens, director de operaciones de MSF. “Nos propusieron trabajar en los centros de interrogación, algo que hemos rechazado inmediatamente”, explica.
Un responsable del Gobierno interino libio en declaraciones a Reuters rechazó las acusaciones de complicidad en los abusos e inacción ante las denuncias. “Son actos individuales”, aseguró, en contra a las evidencias aportadas por las ONG un día después de que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, manifestara ante el Consejo de Seguridad su preocupación por la situación de miles de prisioneros, unos 8.000, en su mayoría leales del régimen de Gadafi e inmigrantes de origen subsahariano, detenidos durante los nueve meses de guerra civil por las milicias revolucionarias. “La falta de control por parte de las autoridades centrales crean un ambiente propicio para la tortura y los malos tratos”, afirmó Pillay.
La Libia posGadafi apunta maneras que evocan los tiempos del coronel: en alguna localidad, como Bani Walid, la población se levanta contra los nuevos dirigentes; mientras, en otros lugares, como Misrata, torturadores afectos al actual régimen se aplican a fondo.
“No estamos presentes en Libia y no tenemos intención de volver”, dijo ayer el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, cuando se le preguntó sobre la situación. “Misión cumplida”. “Terminamos la operación el 31 de octubre. Evaluamos que habíamos hecho nuestro trabajo y que lo hicimos bien. No tenemos ninguna intención de volver. Nuestra misión ha terminado”, declaró Rasmussen en la tradicional recepción a la prensa con motivo del año nuevo. “Intervinimos a partir de un mandato de la ONU y sus disposiciones ya no están en vigor”, agregó antes de recordar en qué consistía el mandato: “Proteger a la población civil contra los ataques del Gobierno de entonces”.
Fuente : elpais.com
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